En el Gobierno, el capital humano es el activo más importante del quehacer gubernamental, por lo que su protección y estímulo son condiciones fundamentales para el adecuado desarrollo de la administración pública. En este sentido, el mandatario estatal se ha ocupado de mantener actualizados los términos y beneficios del plan de seguridad social, suministrando recursos, a efectos de garantizar diferentes apoyos económicos que, por razón de supervivencia, fallecimiento, invalidez, pérdidas orgánicas y renuncia voluntaria se otorgan a los trabajadores y empleados. A través de la Secretaría de Administración (SAD), a cargo de Verónica Yvette Hernández López de Lara, se hizo entrega del beneficio a familiares de elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, dando certeza jurídica de que se cumple con lo establecido en la normatividad de las prestaciones sociales a las que acceden las y los trabajadores de la administración pública. El Beneficio de Pensión por Viudez u Orfandad será equivalente al 50 por ciento del sueldo base (concepto 01) que estuviera percibiendo el trabajador al momento de su fallecimiento, en cumplimiento de su deber, éste ocasionado por un tercero. Este recurso se hará mensual y se otorgará durante diez años al cónyuge o concubino, superviviente del trabajador; en caso de no tener cónyuge o concubino, éste pasará como pago de Orfandad, que será vigente siempre y cuando los hijos estén estudiando y hasta cumplir los 18 años de edad. La titular de la SAD informó que la implementación del plan de beneficios y el esquema que se maneja ha logrado mejorar los niveles de bienestar de los servidores públicos en particular, cumpliendo con el propósito de equilibrio a sus participantes y beneficiarios, incidiendo así en la mejora del ambiente laboral. Cabe señalar que este beneficio aplica a los trabajadores de las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno en la Dirección de Protección Civil, a bomberos y paramédicos, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, así como a servidores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.