La oposición celebró detener la aprobación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, como si hubiera obtenido un triunfo La oposición celebró como si hubiera obtenido un triunfo avasallador; festejó como si hubieran ganado una batalla definitiva. No es así. Si bien el dictamen aprobado en San Lázaro y después en comisiones del Senado para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 no se aprobó en la Cámara alta, pues Morena y sus aliados no lograron las dos terceras partes de los votos necesarios, tampoco se desechó ni terminó en el bote de basura. La propuesta está en una pausa, pero no está muerta. Lo que hemos visto hasta ahora es una película previsible. No hay sorpresa. Tampoco la habrá en lo que venga. A nadie sorprende el obsceno camino de la iniciativa (del PRI), presentada en la Cámara de Diputados, que no se entendería sin el nutrido historial delictivo del líder del PRI, Alejandro Moreno, debilitado en su legitimidad, arrinconado y presionado por un juicio de desafuero y la posibilidad real de ir a la cárcel, por enriquecimiento ilícito. Sin el PRI, lo avalado en San Lázaro no hubiera salido. Se requerían 334 votos para la mayoría calificada; se logró con 335. Tampoco es llamativo que en el Senado no se alcanzaran los votos necesarios. El PRI en la Cámara alta fue claro rechazando lo que los diputados del mismo partido aprobaron. La fisura dentro del priismo es cada vez más visible. Del PAN, MC y PRD, era sabido que votarían en contra. Morena y sus aliados necesitaban 10 votos más. No los consiguieron. Por eso la jugada de Ricardo Monreal, planteando devolver el dictamen que ya estaba en el Pleno a comisiones evitó que la propuesta recibiera el tiro de gracia y se desechara. Abrió espacio a la negociación y ganó tiempo. Además de las presiones desde Palacio Nacional y Bucareli, vendrá la de los gobernadores hacia sus legisladores. Más de un mandatario estatal tiene ascendencia sobre senadores. Y, más importante aún, más de un senador quiere ser gobernador. ¿Habrá alguno que no quiera la presencia del Ejército y la Marina en las calles, cuando 80% de los ciudadanos ven con buenos ojos la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? (El Universal, encuesta Buendía & Laredo, 30 de agosto 2022). El Presidente no necesariamente quiere escuchar, sino someter a la oposición. Pero la oposición tampoco es que quiera mucho más. Lo que pretenden es dinamitar cualquier cosa que AMLO proponga o busque. Esto no debería tratarse de vencedores o vencidos, de triunfo o derrotas. La principal obligación del Estado es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Si no, ¿de qué sirve? ¿a quién le sirve? Es evidente que hoy sólo el Ejército y la Marina, pueden ayudar a detener la espiral de violencia es obvio que gobernadores y alcaldes de todos los partidos echan mano de esas instituciones. Pero también tendría que ser evidente que en paralelo deberíamos ir al fondo: construir cuerpos de seguridad civiles, bien pagados, bien capacitados, honestos. Nadie dijo que sea fácil, pero hay que hacerlo. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿o quiénes se lavan las manos? POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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