La semana pasada, al dar a conocer la detención de varios marinos por contrabando de combustible, el secretario García Harfuch reconoció el “trabajo comprometido” de la Marina Armada de México y subrayó que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución”. En la misma línea, la presidenta Sheinbaum añadió que “habla bien de la institución” no sólo haber “colaborado con la Fiscalía” en la investigación, sino que sean apenas “uno, dos o tres elementos involucrados”. La escisión del razonamiento salta a la vista, la grieta lógica es transparente: por un lado, la urgencia de reiterar el prestigio de la institución; por el otro, la necesidad de advertir que habrá “cero impunidad” respecto a “los elementos que se corrompieron”.       Estamos ante una enésima reincidencia en la metáfora de las manzanas podridas: en la imagen de que la corrupción es un problema de mera deshonestidad, de personas ambiciosas e inmorales que se cuelan en las instituciones públicas y aprovechan su poder e influencia no para servirles sino para servirse de ellas. Se trata, en suma, de una visión que se enfoca exclusivamente en la falla moral de los individuos que incurren en conductas indebidas, pero que al hacerlo ignora los factores estructurales que crean un ambiente propicio para dichas conductas, o que incluso las incitan. No es casualidad que sea la “teoría” a la que suelen recurrir los líderes políticos cuando estalla un escándalo de corrupción, pues es la manera más fácil y barata de gestionarlo -o sea, de no asumir las dificultades y los costos de enfrentarlo a fondo-.       El llamado “huachicol fiscal” no es un delito menor que cometen un par de pandillas equipadas con bidones o lanchas, coludidas con un puñado de policías locales o burócratas de medio pelo. Es un fraude de proporciones industriales, con una compleja logística transnacional que implica cruces fronterizos, permisos aduanales, tanques de ferrocarril y buques petroleros cuyo daño al erario asciende -según la información que ha circulado en estos días- a cerca de 200 mil millones de pesos al año. No es, no puede ser, no hay manera de que sea la obra de unas cuantas manzanas podridas. Plantearlo así no es sólo una burla contra el sentido común de los mexicanos, es una forma de minimizar las dimensiones del crimen en cuestión y de no querer hacerse cargo de la amplísima red de complicidades, a todos los niveles, que se requiere para cometerlo.       Desde el sexenio pasado estaba clarísimo que el impulso contra la corrupción respondía a una intención fundamentalmente retórica: lejos de venir acompañado de políticas y reformas para materializarlo, sirvió para desmantelar o neutralizar instituciones encargadas de combatirla; para azuzar el agravio contra adversarios, opositores y críticos; para estigmatizar a la prensa que insistía en dar a conocer nuevos casos. No son unas cuantas manzanas, lo podrido es un régimen que se pretende distinto pero ha seguido practicando y encubriendo la corrupción. POR CARLOS BRAVO REGIDOR COLABORADOR @carlosbravoreg