Hay crímenes de una ferocidad atípica, incluso dentro del contexto de violencia que desgarra al país. El caso del músico Jonathan Meléndez es precisamente uno de esos casos en los que, por más que a diario se informa sobre asesinatos, crímenes o desapariciones, resuena con bastante estridencia su deceso. Resulta espantoso reescribir los hechos en los que murieron él, su esposa, su hija, una trabajadora y hasta el pobre perro. El único sobreviviente fue su hijo de seis años, que logró resguardarse bajo una cama. Y todo apunta a un conflicto económico con un socio, quien ya fue detenido junto con el chofer que lo trasladó hasta el complejo donde sucedieron los hechos. Uno, invariablemente, se tiene que preguntar qué grado de encono debe haber en una persona, en este caso el atacante, para llevar a cabo un crimen de esa magnitud, en el que todo apunta a que no importaba quién se pusiera enfrente de la víctima, sería ultimado. Qué debe pasar por la mente de alguien para tomar la decisión de cometer tal atrocidad, incluso tras percatarse de que es grabado en video en el elevador antes de ingresar al sitio en donde ocurriría el asesinato. Pero dentro de estos cuestionamientos que son válidos, indescifrables y numerosos, por no decir urgentes, tampoco se puede dejar de mirar el atrevimiento de que una persona emplee la violencia para ajustar cuentas. ¿Por qué lo hace? ¿Se cree que está por encima de los demás? ¿Se saltó a la autoridad para ajustar algo económico porque no confía en el sistema o lo considera inferior o poco útil? ¿O, por el contrario -y más vergonzoso aún-, sabe que el sistema es tan endeble y que cometer un crimen en México es tan barato que la situación lo vale? Las respuestas, por supuesto, podrían variar, pero es inevitable considerar el entorno de violencia que vive el país. Y no, no se trata de convertir el caso de Jonathan en una representación de la violencia en México, porque los gobiernos -este y todos- nos hablan necesariamente -y muy a modo- mediante estadísticas; y no me malinterprete, soy un creyente de que la data es dura y revela con bastante crudeza el contexto del país, pero es una realidad que hoy en día no sabemos quién va a sacar un arma para resolver una diferencia, quién va a considerar que la violencia es una salida válida o quién, sencillamente, ha dejado de temerle a las consecuencias de ejercerla. Sin embargo, cuando a foro abierto y con la intención de informar lo que ellos quieren que escuchemos, los gobiernos nos cuentan que los homicidios subieron un poco en el pasado, pero ahora han bajado, cuando la frase “ya se abrió una carpeta de investigación” queda ya tan caduca sin importar cuándo la escuchemos o cuando nos dicen que por cada cien mil habitantes mexicanos la violencia disminuyó tantos puntos, es el momento en que uno se cuestiona: ¿qué pretenden? ¿Presumir que hoy se mata menos que antes? Porque, pensémoslo un momento, la familia de Jonathan ni él mismo vivieron una tasa de homicidios; vivieron que alguien entró a su casa, accionó un arma y terminó con sus vidas. Un niño acaba de vivir que su familia desapareció.

Es, en este sentido, perfectamente posible que los homicidios disminuyan, como dice la narrativa gubernamental, al mismo tiempo que México siga padeciendo una violencia intolerable. Las dos afirmaciones podrían ser ciertas al mismo tiempo porque, si bien un caso particular no refuta la estadística, la tendencia favorable en un indicador tampoco convierte en aceptable el caso de Jonathan. Y esto pasa diariamente; leía, entre opiniones de usuarios, cuando me documentaba para esta columna, que el anuncio del gobierno sobre los dos detenidos se debía a que se trataba de alguien famoso, pero yo, en mi libertad de exponer lo que pienso y siento, no lo creo. Considero que si hay dos detenidos, bien, nada qué presumir porque es el deber de la autoridad. Sin embargo, veo que cuando suceden casos tan puntuales como el de Jonathan, el de la maestra Irma en Veracruz, la periodista Roxana también en la entidad jarocha o el sacerdote Ernesto en Tultitlán, estos deben ser muestras de que detrás de las cifras hay personas reales golpeadas por la violencia. No podemos permitir que venga alguien con una narrativa -del color que sea, pues esto no es de un solo partido- a pintarnos un México que avanza en seguridad cuando, de cara al 27 y en plenas jornadas electorales, pedirán nuestro voto en medio de un ambiente al que no han sabido hacer frente. Y ojo, que sería demasiado cómodo terminar ahí y cargar toda la responsabilidad en quienes gobiernan, porque dentro de poco comenzarán otra vez las campañas, las promesas, las fotografías, los mítines y, desde luego, las despensas, y nosotros tendremos también una responsabilidad. El ciudadano puede recibir la bolsa de arroz, el frijol, el aceite o lo que le quieran entregar, pero debería preguntarse qué está votando a cambio, qué resultados está premiando, qué incompetencias está dispuesto a perdonar y qué debe exigirle a quien pretende gobernarlo.

Esta misma exigencia aplica para entender nuestro rol en el día a día. Somos muy buenos para indignarnos con el policía que estira la mano esperando la famosa mordida, pero pocas veces nos preguntamos cuánto gana ese policía al que, en teoría, le hemos encargado protegernos, qué preparación recibió, con qué equipo trabaja o qué posibilidades reales tiene de construir una carrera digna dentro de una corporación. Nada de eso justifica la corrupción, desde luego, pero sí obliga a mirar un sistema que no empieza ni termina con el agente que tenemos enfrente. La violencia que vivimos es responsabilidad del Estado porque garantizar la seguridad es una de sus obligaciones fundamentales, pero combatirla también exige una sociedad menos dispuesta a normalizar la ilegalidad cuando le conviene, menos tolerante con la corrupción cuando puede sacar provecho de ella y, sobre todo, mucho más exigente cuando llega el momento de votar. En 2027 volverán a pedirnos que elijamos de los colores que ya conocemos, esos parece que no los podemos cambiar; lo que sí podemos es exigir más. Habrá estadísticas, discursos, promesas y seguramente muchas explicaciones de por qué ahora sí estamos mejor. Nosotros tendremos que decidir si nos basta con escucharlas o si, mientras recibimos la despensa, somos capaces de recordar que detrás de cada número que baja todavía hay personas que no regresaron a casa.