El doloroso caso de Virginia de la Cruz López, madre de José Alejandro de la Cruz López de 21 años, quien denunció que el cuerpo de su hijo desaparecido permaneció durante ocho meses en el Servicio Médico Forense sin que a ella le notificaran de la localización, es solo un reflejo de la crisis generalizada en México y Zacatecas”, denunció el colectivo Sangre de Mi Sangre, al recordar que en el estado hay hasta 4 mil personas desaparecidas y, “a pesar de que quieran reducir los registros oficiales o volver más difícil su consulta, la realidad es contundente”. En Zacatecas, enfatizó la organización, se tienen por lo menos 952 cuerpos sin identificar, “una crisis forense de magnitudes alarmantes” que los gobiernos no han solucionado, ante la fallida implementación del mecanismo extraordinario en la materia a nivel local, la falta de capacidades para hacer frente al problema y la opacidad de la política de identificación. “Es una constante la ineficacia de las instituciones y los malos tratos que reciben las familias de las víctimas en sus acciones de búsqueda, siendo revictimizadas y criminalizadas constantemente por funcionarios. Si no fuera por el empeño y el valor de las familias para buscar a sus seres queridos, la crisis de desaparición en el país estaría invisibilizada y aún peor atendida”. Sangre de mi Sangre recalcó que se conocen muchos casos más de este patrón de no aviso ni notificación a la familia en los procesos de identificación, “lamentablemente, por temor, amedrentamiento e inseguridad, las familias no pueden denunciar”. Por ello, las buscadoras llamaron a las instituciones gubernamentales, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y las comisiones de derechos humanos y de víctimas “a que no tomen esto como un caso aislado”. “Que no hayan prestado atención a dicha realidad no quiere decir que no exista. La respuesta, si el compromiso es real, debe venir de la mano con la implementación de políticas claras para la identificación forense y la restitución con dignidad a las víctimas, siempre con la participación de las familias”. El colectivo lamentó que “la desaparición de las personas viene acompañada con la desaparición burocrática”, por lo que reclamó a las instituciones que “romper estos circuitos de impunidad es su obligación”. Luego de la manifestación de la madre buscadora en la Legislatura, la FGJE emitió un comunicado para anunciar que ya inició investigaciones para esclarecer el asunto y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público responsable. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que inició una queja de manera oficiosa, para investigar la presunta responsabilidad de las autoridades señaladas. Con información de NTR Zacatecas