En medio del contexto que envuelve al Instituto Hispano Inglés -e implícitamente a la comunidad educativa en general- por el caso de bullying perpetrado por un menor a otro, Claudia Espinoza Almaguer, integrante de la Consejería de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que el problema de acoso escolar no se resuelve expulsando al menor del plantel ni la respuesta es necesariamente el derecho penal.

Ante ello, subrayó la gravedad de la situación, dado que es un fenómeno en donde no se habla de un adulto violentando a un menor, sino que ambos, víctima y victimario, son de la misma edad y son menores de edad. Por lo anterior, Espinoza Almaguer aclaró que el artículo 18 de la Constitución indica que cuando un niño o adolescente comete un delito debe haber un procedimiento especial.

"Cualquier conducta antisocial de un menor de 12 años no es sancionada en México porque el país tiene firmados compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia, por lo que cada delito que produzca un menor de 12 años debe tratarse a través de la asistencia social, es decir, por medios como el DIF", explicó Claudia Espinoza.

En este sentido, reafirmó que México procede legalmente contra menores con diferencias significativas a los delitos de un adulto, pues los juzgadores no pueden imponer sentencias que superen los cinco años de prisión, sin importar si el delito es un homicidio o una violación, y eso si la edad del menor va de los 16 a los 18 años. En los casos en los que el agresor es mayor de 14, pero menor de 16 años, la pena máxima es de 3 años de prisión; mientras que a menores de 14 años no se les puede privar de la libertad.

Por otro lado, en el rubro de la educación, la maestra Claudia Espinoza explicó que los daños físicos contra víctimas son graves por ser crónicos, es decir, se producen a lo largo de la escolaridad y con altas probabilidades de que ese niño, además de ser víctima de abuso en la escuela, pueda ser violentado en casa.

En este sentido, puntualizó: "La violencia es una conducta aprendida y dirigida a abusar" que se confunde con la creencia de la agresividad, una conducta biológica, por lo que aseveró que esto debe ser una llamada de atención a los padres de familia a que cuestionen en dónde es que los niños están viendo y aprendiendo estos comportamientos. No obstante, también resaltó las condiciones de un hogar que generan más vulnerabilidad, como la pobreza, el rezago educativo y la falta de salud, seguridad o alimentación como un factor determinante, así como el entorno social adverso, pues "los niños son reflejo de la comunidad y es una responsabilidad colectiva".

Asimismo, Espinoza Almaguer resaltó que los niños que presencian separaciones violentas de divorcio son más dados a generar violencia, mientras que los menores que no acuden a la escuela, por discapacidad o conflictos familiares, tienen más riesgo de ser sometidos por otros compañeros del aula. Aunado a que los menores que son víctimas difícilmente se comunican con sus padres sobre lo que viven en la escuela.

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En consecuencia, expresó la maestra Claudia Espinoza, no se resuelve el problema expulsando al menor, pues ese niño tiene un problema relacionado al comportamiento social, por lo que debe haber estrategias que vayan más allá de la expulsión, desde el tema educativo, reparación del daño y la prevención que realmente encaminen al menor a sanar ese comportamiento.