La Secretaría de la Función Pública impuso una inhabilitación de un año al exsecretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano Ruiz. También resolvió sancionar a Erika Janet Ortega Sánchez, quien fue directora de Fondos y Proyectos para el Desarrollo Social, con nueve meses y 22 días de inhabilitación; y a Marco Fabrizio Sánchez Sánchez, quien se desempeñó como jefe de Cartera Vencida, con siete meses y 15 días. A los tres les iniciaron el procedimiento de responsabilidad administrativa, derivado del expediente de investigación UI/084/AUD/2022. Luévano, Ortega y Sánchez fueron acusados de incumplir con su obligación de emprender acciones para la recuperación de 1 mil 307 créditos del Programa Créditos para Emprender o Consolidar Negocios (Créditos UNE), que fueron otorgados en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Según la Función Pública, estos préstamos “aún en el año 2021 se encontraban vigentes de cobranza”. La cartera vencida, como se documenta en el expediente DRA/ 011/PARA/2023, fue de 467 créditos UNE en 2017, por un monto de 5 millones 415 mil 606 pesos; de 469 créditos por 4 millones 115 mil 921 pesos, en 2018; y al año siguiente fueron 371 préstamos no liquidados por 5 millones 357 mil pesos. En total, fueron 14 millones 889 mil pesos no recuperados, correspondientes a 1 mil 307 créditos. Luévano Ruiz y sus colaboradores alegaban que durante la pandemia de la COVID-19 se aprobó un periodo de gracia, pero no hubo respaldo legal que demostrara que precisamente los créditos observados entraron en ese supuesto. “Sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar la imputación en contra de ellos y corroboran el dolo con el que actuaron”, se lee en el expediente. La Función Pública consideró que hubo desacato por parte de los señalados y generó que el estado ya no pudiera recuperar los recursos, “lo que se traduce en una negligencia dolosa en su actuar”. Por ello, recientemente el subsecretario de Responsabilidades resolvió imponer las sanciones. Con información de NTR Zacatecas