En el Primer Foro “Integración de ayuntamientos municipales y alcaldías de la Ciudad de México”, del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, participaron consejeros locales, exmagistrados electorales, presidentes municipales y catedráticos, quienes externaron sus comentarios en relación a las propuestas de reforma en la materia.   Los ponentes hicieron sus consideraciones respecto a temas sobre federalismo, representatividad, salarios y reducción de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, entre otros.   Propuesta de reforma lastima el federalismo   Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), estimó que la propuesta de reforma que se analiza “sí lastima un poco el tema del federalismo y tal vez con buenas intenciones se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país”.   Dijo que generalizar la representatividad poblacional a todo el país sin considerar las condiciones geográficas específicas de cada entidad, lejos de resultar en beneficio de la población puede mermar uno de los pilares de la democracia representativa con el riesgo de hacerla ineficiente e ineficaz.   Afirmó que el respeto al derecho intercultural de los pueblos y barrios originarios “no puede ser mermado a nivel nacional porque en el momento de considerar un tema estrictamente numérico se nos va a olvidar o vamos a poner por encima esa cuestión numérica sobre los derechos humanos”.   Importante resaltar el asunto de los salarios   Jaime Miquel Castañeda Salas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de asesores de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, consideró que un punto importante a resaltar de la propuesta de reforma es el de los salarios; “si bien se tiene una ley de salarios, hay otro elemento que viene en la iniciativa que pasa desapercibido respecto a que ningún otro personal dentro del ayuntamiento puede ganar más allá que los regidores”.   Afirmó que en la reforma existen varios elementos que se conectan entre sí. “Está bien el asunto de austeridad” y está conectada también con el asunto democrático y en el asunto de municipio queda claro”. Sostuvo que “a la reforma si la ves integralmente te das cuenta que recoge al municipio como la base estructural del Estado mexicano”.   También, dijo, hay cosas que en los estados tienen que ser resueltas y “me parece que lo resuelve muy bien la iniciativa cuando dice que la parte del porcentaje para acceder a una regiduría tiene que ser definida por las legislaturas estatales”.   Hacer un análisis informado y objetivo   Juan Carlos Silva Adaya, exmagistrado electoral de la Sala Regional de Toluca y profesor de la Escuela Judicial Electoral, aplaudió que se haga patente el diálogo y el examen de todas las iniciativas en la materia, con el único límite que establece el artículo 71 constitucional.   Consideró adecuado el procedimiento para la construcción de la reforma política-electoral, y dar los elementos técnicos a la Cámara de Diputados. Llamó a hacer un análisis informado y objetivo, así como tener conciencia sobre la representación de los intereses legítimos de la mayoría y la necesidad de respetar a las minorías y a los grupos de atención prioritaria.   Relató que la iniciativa del Ejecutivo advierte la reducción de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, con el objetivo de eficientar los recursos públicos; “lo que importa es la necesidad de que sean aprobados por el 70 por ciento de los miembros de la legislatura local y la mayoría de los ayuntamientos”.   La ciudadanía exige menos funcionarios   Carmen Medel Palma, presidenta municipal de Minatitlán, se sumó a la voz de la ciudadanía que exige menos funcionarios y evitar el despilfarro de dinero en salarios que aumentan el pozo del gasto público.   Apuntó que es acertado valorar la diminución de estos funcionarios sin perjudicar a las minorías políticas, porque no existe un paradigma que indique que a mayor número de regidores y síndicos existe más progreso en las comunidades, por lo que sí habrá un beneficio al erario público, en caso de que se apruebe esta propuesta.   “Me atrevo a asegurar que no habría una crisis social ni de gobernabilidad por la disminución de regidores y síndicos”. Puntualizó que es mandato de la ciudadanía la disminución del obeso aparato político y administrativo, así como la desaparición de visiones egoístas e individualistas, conductas ilícitas, corruptas y de tráfico de influencias.