El supuesto “Proyecto Portero” anunciado por la DEA desató un verdadero choque diplomático con México. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con molestia al negar su existencia y dejó en claro que su gobierno no permitirá que una agencia extranjera se entrometa en las negociaciones bilaterales de seguridad.

Y es que el anuncio de la DEA llegó en el peor momento: justo cuando el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, avanza en conversaciones con la Casa Blanca que podrían convertirse en uno de los acuerdos más ambiciosos de los últimos años contra el narcotráfico.

El problema no es menor. México sabe que la DEA opera con agenda propia, muchas veces más cercana a intereses políticos internos de Estados Unidos que a la estrategia conjunta con el gobierno federal.

Para colmo, señalan en la administración Sheinbaum, el embajador Ronald D. Johnson busca colarse en las negociaciones tras haber sido marginado, generando mayor ruido y confusión.

La lección es clara: cuando se trata de seguridad bilateral, el show mediático de la DEA puede ser más dañino que el narcotráfico mismo.

En este contexto, México se juega más que un acuerdo: busca demostrar que es interlocutor directo de Washington, no un subordinado de sus agencias.

La prioridad es cerrar con éxito las conversaciones con la administración Trump, que –según fuentes oficiales– ya alcanzaron un 85% de avance. El mensaje es contundente: lo que se firma en la Oficina Oval importa más que lo que se grita desde una oficina intermedia.

Al final, lo ocurrido revela el verdadero choque de agendas: por un lado, la diplomacia formal que busca consensos; por otro, la DEA y sus filtraciones que parecen más diseñadas para marcar territorio que para combatir el crimen.

Y mientras tanto, la narrativa oficial mexicana intenta blindar su soberanía con un discurso firme: aquí se negocia de Estado a Estado, no de agencia a gobierno.

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EL CIERRE DE CUATRO PLANTAS de Wrangler en Coahuila tomó al gobernador Manolo Jiménez con los dedos en la puerta. La salida de esta reconocida marca de mezclilla implica el despido de más de 2 mil trabajadores, golpeando de lleno a municipios como Torreón, Allende, Zaragoza y San Pedro de las Colonias.

La noticia cayó como balde de agua fría en una entidad que presume estabilidad laboral e inversión, pero que ahora enfrenta el fantasma del desempleo masivo en una industria que alguna vez fue símbolo de fortaleza regional.

La imagen del mandatario, apareciendo campante y vestido de cazador mientras se daba a conocer la debacle, resultó ofensiva y desconectada de la realidad.

No hubo previsión, no hubo alerta temprana ni estrategia de contención. El gobierno estatal reaccionó tarde y de forma improvisada, con funcionarios que apenas empezaban a preguntarse qué hacer.

El caso expone la fragilidad del discurso oficial: se habla de atraer inversiones y de generar empleos, pero cuando una empresa global decide cerrar, el gobierno parece sorprendido, inerme y sin plan B.

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DICEN QUE EL QUE MUCHO SE DESPIDE, pocas ganas tiene de irse. Así parecía que estaban en la Suprema Corte de Justicia, cuyos integrantes tuvieron ayer, por fin, su última sesión.

Ellas y ellos, encabezados por la ministra Norma Piña, pasarán a la historia como las y los últimos juzgadores que llegaron por designación y no por voto ciudadano.

El 26 de agosto, Piña presentará su informe final de labores, mientras que sus colegas Loretta Ortiz y Javier Laynez harán lo propio con los informes de sus salas. Terminó una era en el Poder Judicial y, el 1 de septiembre, inicia otra.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La historia los recordará: unos por lo que hicieron, otros por lo que dejaron pasar”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ