Hablar de derechos humanos no es algo abstracto o lejano, sino -como bien recuerda la ONU- son nuestras necesidades cotidianas para vivir con dignidad, seguridad, trabajo decente, salud y justicia, señaló Giselle Meza Martell, consultora internacional en Derecho Internacional y Derechos Humanos.

Dentro de este contexto, mencionó que el propio sistema de la ONU ha reconocido una crisis financiera complicada, situación que le ha impedido intervenir con mayor eficacia en los conflictos y tensiones alrededor del mundo: Ucrania, Gaza, Sudán.

Por otro lado, en México existe un panorama mixto, pues por un lado hay un andamiaje jurídico fuerte, pero una realidad dura en el territorio y la práctica. Si bien el país era catalogado por tratados internacionales como una pluma rápida y una constitución que reconoce derechos humanos, los informes coinciden en tres daños estructurales, afirmó Giselle Meza.

El primero de ellos es la violencia e impunidad, ya que organismos como Amnistía Internacional señalan que persisten violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso excesivo de la fuerza y niveles altos de impunidad.

Esto se refleja, explicó, en que persisten focos rojos muy claros en varios puntos, a pesar de que el gobierno federal presume que los homicidios han ido a la baja.

Asimismo, como segundo daño, están las personas desaparecida, cifra que ha superado los cien mil casos. Solo en 2023 se registraron 12 mil nuevas desapariciones y la cifra sigue creciendo.

Aunado a ello, como tercer daño estructural, detalló la consultora, se encuentra la violencia contra las mujeres que muestra mayor preocupación por el hecho de que en una década se duplicaron los feminicidios en México.

De igual manera, y como un daño extra, se suman los derechos humanos a periodistas. Un punto clave porque las organizaciones coinciden en que México sigue siendo un país complicado para quienes denuncian violencia o abuso en materia de seguridad.

En consecuencia, subrayó Giselle Meza, esto repercute en muchos ámbitos. Uno de ellos: el sector económico. El Bajío, con todo su contexto de dinamismo económico y músculo financiero, vive un gran problema de derechos humanos. "El IMCO señala que el Bajío es competitivo, pero cada vez más inseguro", agregó Meza Martell. Por ejemplo, en San Luis Potosí hay 20 delitos por cada mil habitantes.

Por consiguiente, las entidades de la región aparecen cada vez más violentas. Esto es importante, resaltó, porque no es un tema de nota roja, sino violaciones a los derechos de vida: libertad, seguridad y trabajo sin miedo. Además, solucionar estos problemas puede incrementar la atracción de inversión, turismo, aumentar costos operativos de empresas, satisfacción y salud mental de personas.

"La competitividad del Bajío está cruzada con una deuda pendiente en materia de derechos humanos y de seguridad. Extrapolando esto a nivel nacional”, destacó Meza Martell, en México persiste una brecha entre marco jurídico y la realidad porque se sigue arrastrando impunidad.

Por lo anterior, urge fortalecer instituciones, ya que la tarea es entender que el éxito económico no se construye sobre la vulneracion de derechos, sino protegiendo la vida, el trabajo digno y el acceso a la justicia. Con ello, puntualizó, quien gana es el Estado, las empresas y la gente.

Finalmente, insistió en que se necesita atención en el Comité de Implementación de derechos humanos que en épocas pasadas sí existía, situación que se transmitía a estados y municipios.

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"Había acciones coordinadas, si esto se retoma en México sería un excelente avance ante la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esta nueva administración parece que hay un retroceso, por lo que es urgente volver a las coordinaciones que la gente de experiencia apoye", concluyó Giselle Meza Martell.