Son pocas las probabilidades de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deje sin efecto las candidaturas a la Elección Judicial por señalamientos de vínculos con la criminalidad por parte de Fernández Noroña, pues esto violaría diversos derechos constitucionales como la libertad de ejercer una profesión, tener una libre defensa y el participar en elecciones (votar y ser votado), aseveró el especialista jurídico Alejandro Díaz de León para Imagen Informativa.

Ante ello, explicó que habría que tomar en cuenta que es necesaria una sentencia firme y sin recursos pendientes para que se considere que una persona ha cometido un delito; solo así se puede desvirtuar la presunción de inocencia.

En este sentido, aclaró que no porque a una persona la señalen por vínculos con el crimen, significa que forma parte de esa actividad ilícita. Además, hay que separar también, subrayó, cuando un abogado se encarga de la defensa de un ciudadano que pertenece al crimen, que en esencia fue la nota que causó revuelo, dado que se señaló a candidatos a jueces que atendieron casos de personas que presuntamente están ligadas a actividades ilícitas.

Ante ello, Alejandro Díaz de León aseguró que no está prohibido ser abogado de una persona vinculada a delitos. En primer lugar, todo ciudadano tiene derecho constitucional de ejercer una profesión lícita; y, en segundo lugar, el artículo 20 de la Carta Magna reconoce el derecho de todos los mexicanos a tener una defensa en asuntos legales.

Por consiguiente, el especialista y expresidente de la Barra de Abogados Capítulo San Luis, no considera una causa para retirar una candidatura el hecho de que candidatos hayan sido defensores, por profesión, de una persona ligada a la criminalidad. "Puede ser cuestionable, sí; pero, en el estricto sentido jurídico, no sería una causal ni un acto indebido", agregó.

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Finalmente, reiteró que será el Tribunal Electoral quien determine si existe una imposibilidad para contender por parte de estos candidatos señalados por el presidente del Senado, sin embargo, es poco probable porque todos los abogados, insistió, tienen el derecho de ejercer la profesión, mientras que todos los ciudadanos acusados de algún delito tienen derecho a tener una defensa.