Para garantizar un verdadero trato igualitario en todos los espacios públicos, las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla propusieron ampliar los alcances de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de que se considere como discriminación el impedir, negar, limitar, restringir o condicionar el acceso de las personas a establecimientos públicos por origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud física o mental. Así como por creencias religiosas, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo. “La discriminación es un problema social que afecta a personas de todas las edades, orígenes y condiciones sociales. Se manifiesta de muchas maneras, como la exclusión, la segregación, la violencia y la privación de derechos”, enfatizó la senadora Geovanna Bañuelos. Mediante una iniciativa presentada a la Comisión Permanente, que busca reformar los artículos 9 y 83 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las y el integrante del Grupo Parlamentario del Partido (GPPT) también plantean establecer dentro de las medidas administrativas y de reparación, la colocación de carteles por un periodo mínimo de 3 meses, donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.  De igual manera, se fijarán carteles por un periodo mínimo de 6 meses mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación. Así como la colocación de la síntesis de la resolución por parte de la CONAPRED. La coordinadora del GPPT, Geovanna Bañuelos, señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) en 2022, el 23.7% de la población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada entre julio de 2021 y septiembre de 2022. Mientras que el 24.5% de las mujeres y 22.8% de los hombres de 18 años y más declararon haber tenido alguna experiencia de discriminación. La misma encuesta indicó que ese 23.7% manifestó haber sido discriminada en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar de residencia, creencias religiosas, sexo, edad, orientación sexual, ser una persona indígena o afrodescendiente, tener alguna discapacidad, tener alguna enfermedad, opiniones políticas, estado civil o familiar, entre otros. Aunado a ello, en la gran mayoría de nuestros estados se ha observado un crecimiento significativo de las víctimas de discriminación del 2017 al 2022, ejemplo de ello, son: Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Michoacán y Zacatecas.   Además, la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), más de la mitad de la población indígena y afrodescendiente considera que sus derechos se respetan poco o nada en nuestro país. Por ello, Geovanna Bañuelos reafirmó la posición del grupo de que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad. Por lo tanto, dijo, la erradicación de la discriminación es un desafío para lograr una sociedad libre de discriminación, una sociedad más justa, equitativa y próspera para todos. “Debemos reiterar que la discriminación representa un problema que afecta gravemente a la sociedad, pues se ha comprobado que el hecho de sufrir cualquier tipo de discriminación repercute de manera importante en la calidad de vida del que la sufre, ya que esto puede derivar en el aislamiento social y el aumento de sufrir cualquier tipo de violencia”, concluyó.