En entrevista para Imagen Informativa, la titular de la defensoría de derechos universitarios de la UASLP, Urenda Navarro Sánchez, señaló que aun cuando han tenido avances dentro de su departamento, aún identifican 2 grandes retos. Uno de ellos, se ha identificado posterior a que realizan la investigación sobre algún caso de acoso o violencia, se ven limitados a accionar, ya que no están autorizados para emitir sanciones. “Anteriormente, el estatuto preveía que las sanciones las ejecutaban los jefes inmediatos o autoridades superiores de las personas que estuvieran implicadas”, puntualizó.

Situación que no era favorecedora dentro de los casos en donde existían conflictos de interés o en ocasiones, no tenían la información necesaria para poder realizar un proceso de instrucción, que es un proceso legal. Gracias a eso, en 2022 se logró crear un sistema de justicia universitaria, que elimina los procesos fragmentados de justicia y los canaliza a la comisión institucional de justicia universitaria, mismos que buscan ser perfeccionados para lograr una atención más especializada, a través de evitar los conflictos de interés y falta de especialización. Lo anterior, se daría a través de la creación de un Tribunal Universitario, instancia que busca especializar los procedimientos que las reformas anteriores no han logrado permitir un avance en el sistema de justicia. El segundo reto al que se enfrentan es el fortalecimiento de los procesos de formación sobre los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, mismo que ya se ha estado trabajando con anterioridad. En marzo, se presentó la primera política general que busca garantizar la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia.