San Luis Potosí, SLP.- Ante el anuncio del Gobierno Federal que establece la prohibición del uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel primaria y secundaria a partir del próximo 3 de noviembre, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó la medida como un paso positivo pero "insuficiente", señalando vacíos operativos y falta de socialización con la comunidad escolar.

En entrevista el presidente de la UNPF, Israel Sánchez Martínez, señaló que la regulación corre el riesgo de quedar en un intento paliativo similar a otras normativas si no contempla lineamientos específicos y un proceso profundo de sensibilización.   Sánchez Martínez enfatizó que el acuerdo derivó de una decisión administrativa entre autoridades educativas estatales y la Secretaría de Educación Pública (SEP), omitiendo la consulta y experiencia de docentes y padres de familia.   Entre los principales puntos de preocupación planteados por la UNPF destacan: Canales de comunicación de emergencia, no se ha precisado cómo se gestionará el contacto entre estudiantes y familias ante eventualidades o emergencias dentro del horario escolar.  Autoridad docente: Falta clarificar el alcance del profesorado al aplicar la restricción para evitar conflictos con los tutores o afectaciones en la relación pedagógica. El dirigente nacional advirtió que el periodo de socialización previo a la entrada en vigor de la prohibición es demasiado corto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

De acuerdo con la experiencia de legislaciones locales en el país, procesos de esta índole requieren de al menos seis meses para lograr una adaptación efectiva en los planteles educativos.  Asimismo, remarcó que la restricción de dispositivos personales debe acompañarse obligatoriamente de la habilitación de aulas de cómputo y conectividad en las escuelas públicas, especialmente en zonas rurales donde persisten carencias de servicios básicos como energía eléctrica e internet.  “Es un primer paso positivo para regular la tecnología, pero si no se clarifican las reglas ni se dota de presupuesto e infraestructura a los planteles, se corre el riesgo de saturar administrativamente a los maestros y dejar la norma en el papel”, concluyó Sánchez Martínez.