Las diputadas María Aránzazu Puente Bustindui y Liliana Guadalupe Flores Almazán, impulsan un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y al presidente del Comité́ Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, para que reconsidere la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en Materia de salud descritas en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Así mismo, a la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad para que al momento de su revisión y análisis del suplemento del programa, determine la no cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Mencionaron que, el 1 de junio de 2023, la Secretaría de Salud a través del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud

Pública consideró sin una justificación y fundamentación jurídicamente razonable, la publicación de un listado 35 Normas Vigentes a ser Canceladas a más tardar en diciembre del presente año. Explicaron que, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes que se enlistan para ser canceladas, impactan de manera directa a las y los ciudadanos de todo el país, pues como puede observarse, se trata de temas de suma relevancia como la lactancia materna, salud escolar, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de próstata, osteoporosis, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, asistencia alimentaria a grupos de riesgo o vulnerabilidad como personas adultas mayores y niñas, niños y adolescentes, entre otras. La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán dijo que, es prioritario que se retome el contenido de esas NOM en nuevas disposiciones a efecto de no dejar a las y los mexicanos en el abandono médico, y asegurar que se proteja y garantice el derecho a la salud. Finalmente la diputada Aránzazu Puente Bustindui comentó que, es necesario que la autoridad sanitaria asuma la responsabilidad, debiendo evaluar la pertinencia de no derogarlas sino actualizarlas, de manera que continúen siendo un instrumento idóneo y eficaz en la protección del derecho a la salud, pues la falta de éstas, generará una gran incertidumbre en la atención especializada que reciben los pacientes, al no haber protocolos o procedimiento técnicos que establezcan la regulación para su atención.