A pocos meses del proceso de Elección Judicial que se vivirá en México, jurídicamente una de las preocupaciones que más resaltan es el árbitro, señaló José de Jesús Rosales, juez tercero de distrito en San Luis Potosí, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "no es quien deba asumir ese papel" un ente que históricamente ha tenido la responsabilidad de alinear al marco constitucional las decisiones de todos los sujetos que participan en el proceso electoral, pero que hoy no ha sido así.

Ante ello, Rosales dejó en claro que no se augura que todo el proceso llegue a buen puerto cuando el Tribunal ordenó al Ministerio Público que procesara a jueces que pelearon sus derechos y que ha dejado de lado la justicia en su actuar. Por ello, "no se auguran las reglas del juego limpio, ni candidaturas ni vencedores limpios" y no hay certeza que, por norma electoral, se esperaría, agregó.

Asimismo, resaltó la sorpresa que se llevaron candidatos y demás integrantes de organismos judiciales al enterarse de los nuevos topes para gastos de campaña. "Tendremos candidatos pobres, muy pobres y muy ricos", afirmó Rosales, pues explicó que ahora los jueces de distrito tendrán un límite de 220 mil pesos, los magistrados de 400 mil, mientras que los candidatos a ministros contarán con 1 millón 400 mil pesos para recorrer el periodo de campaña.

En consecuencia, aseguró que no se competirá en igualdad de circunstancias y, con esto, la Sala Superior genera altibajos, por lo que la sociedad debe generar mejores mecanismos para dirigir una crítica en torno al origen y destino de los recursos.

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En conclusión, subrayó que el proceso ha generado vaivenes, no hay una homogeneidad ni una reflexión sobre lo que se dijo en el inicio de la reforma y persiste la incertidumbre jurídica porque no hay claridad desde un principio.