Desde hace varios sexenios hemos venido observando con tristeza que la violencia en México no cesa, y al parecer sucede todo lo contrario se incrementa día con día, nuestro país que ha sido conocido por su rica cultura, historia y belleza natural, enfrenta uno de los desafíos más urgentes de nuestra era: la violencia. La violencia y la economía simplemente no se llevan, es un tema de gran relevancia, debido a que las consecuencias de esta no relación afectan profundamente la vida de millones de mexicanos y tienen implicaciones significativas para el desarrollo del país. La violencia en México tiene un costo económico masivo e impresionante. De acuerdo con el Índice de Paz México 2023, en el año 2022 las pérdidas económicas ocasionadas por la violencia en el país ascendieron a 4.6 billones de pesos, lo que representa aproximadamente el 18.5% del PIB nacional, lo cual es particularmente importante y se lo platico porque en tres puntos. Primero, el gasto en seguridad incluye costos directos que están dirigidos hacia el gasto en seguridad pública, que incluye combustibles, equipo y armamento, software especializado y los propios sueldos del personal de seguridad, además también incluye las erogaciones en el sistema de justicia penal, magistrados, jueces, fiscales, actuarios, personal de apoyo y el mantenimiento de los centros penitenciarios, lo cual representa no poca cosa. Segundo, además de los costos directos, también existen los costos indirectos que abarcan la disminución de la inversión y el turismo, la pérdida de productividad laboral debido al miedo y la inseguridad, el impacto en la infraestructura y el desarrollo económico de las regiones afectadas, sin mencionar los gastos que las familias llevan a cabo para protegerse, como son vigilancia, seguros y en algunos casos blindajes a las casas o vehículos. Tercero, la persistente violencia en México también obstaculiza el desarrollo económico del país, pues la inseguridad y la criminalidad actúan como un disuasivo en cuanto a la inversión extranjera y la propia nacional, ya que las empresas temen por la seguridad de su personal y sus activos, afectando especialmente a sectores clave como el turismo, la industria manufacturera y el comercio, motores importantes de la economía mexicana. En fin, la tarea de la próxima presidenta o presidente será abordar -ahora si- eficazmente este problema que requiere un enfoque integral y multidimensional, fortaleciendo las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y al mismo tiempo invertir en programas de prevención de la violencia que aborden las causas primarias del fenómeno, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas.

@Oliver_Arroyo.

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