El desplazamiento interno provocado por la inseguridad y la violencia se concentra en 662 municipios del país, donde se ubica 93.3% de los hogares que reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que dejar su vivienda por estas causas, de acuerdo con un análisis del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO). El análisis, realizado a partir de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, identifica algunos de los mayores niveles de afectación en municipios rurales. En Chicomuselo, Chiapas, 24% de los hogares reportó desplazamiento por inseguridad o violencia, mientras que en Tumbiscatío, Michoacán, el porcentaje fue de 16.4%. Le siguen Tepalcatepec, Michoacán, con 12.2%, y Amatenango de la Frontera, Chiapas, con 11.7%. Es decir, en estos cuatro municipios, más de uno de cada 10 hogares reportó que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia. El PDH IBERO advierte que las cifras deben interpretarse con cautela, debido a que la Encuesta Intercensal registra el lugar donde actualmente reside el hogar y no necesariamente el territorio del que fue expulsado. Por ello, entidades como Estado de México, Ciudad de México y Jalisco aparecen entre los lugares de residencia de familias en las que alguna persona experimentó desplazamiento. El fenómeno también se concentra en ciudades En números absolutos, el análisis identifica entre los municipios con mayor cantidad de hogares que reportaron desplazamiento a León, Guanajuato; Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California.

El contraste entre las cifras absolutas y las proporciones muestra dos dimensiones del fenómeno: mientras grandes ciudades concentran un número elevado de hogares afectados por su tamaño poblacional, algunos municipios rurales presentan porcentajes mucho mayores respecto del total de sus hogares. A nivel nacional, 509 mil 917 hogares, equivalentes a 1.28% del total, reportaron que al menos una persona integrante tuvo que dejar su vivienda entre octubre de 2020 y octubre de 2025 por inseguridad delictiva o violencia. El PDH precisa que esta cifra no equivale al número de personas desplazadas, sino al número de hogares en los que al menos uno de sus integrantes experimentó este cambio de residencia. IBERO pide pasar de medir a atender Ante la primera medición nacional del fenómeno, el Programa de Derechos Humanos plantea que México pase de contar los casos a establecer mecanismos de atención para las personas y familias desplazadas. Entre sus propuestas está crear un registro nacional de personas desplazadas, independiente de las mediciones estadísticas, que permita activar mecanismos de atención, protección, reparación y seguimiento. También plantea mantener la pregunta sobre desplazamiento en futuros ejercicios estadísticos y desarrollar instrumentos que permitan identificar con mayor precisión los lugares de origen y destino, las causas del desplazamiento, las trayectorias de las familias y sus necesidades. El Programa propone además retomar el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobado por la Cámara de Diputados en 2020 y enviado al Senado. Con información de Excélsior.