Una reciente decisión de la Suprema Corte y la SEP redefine la educación básica en México y abre un debate incómodo: cómo evitar la exclusión escolar sin convertir las aulas en espacios donde avanzar ya no necesariamente significa aprender. Durante años, el sistema educativo mexicano vivió obsesionado solo con un número, la calificación. Reprobar era el castigo institucional para quien faltaba, no entendía matemáticas o simplemente cargaba encima problemas familiares, pobreza o abandono. Ahora la Suprema Corte decidió respaldar a la SEP y romper parcialmente con ese modelo. En el papel, la medida busca evitar que miles de estudiantes abandonen la escuela por criterios rígidos de evaluación. Pero fuera del discurso oficial, lo que realmente está en juego es mucho más profundo: la redefinición completa de lo que México entiende por “mérito”, “aprendizaje” y “excelencia educativa”. El tema se aborda y se decide además en el peor momento posible para el sistema educativo nacional. Después de la pandemia, millones de estudiantes regresaron a clases con rezagos brutales en lectura, comprensión y matemáticas. Muchos apenas recuperaron hábitos básicos de estudio. Y aun así, la respuesta institucional parece apostar por flexibilizar las reglas antes que enfrentar de fondo el problema académico. Porque sí, es cierto que reprobar no siempre corrige desigualdades; pero también es verdad que pasar automáticamente de grado sin consolidar conocimientos puede fabricar una generación que avance en papeles mientras se queda atrás en habilidades reales. Y es que esta decisión también protege políticamente al sistema educativo. Menos reprobación significa menos abandono escolar visible, mejores indicadores administrativos y estadísticas más “positivas”. El problema es que las cifras pueden maquillarse mucho más rápido que la realidad en las aulas. Un estudiante promovido automáticamente sigue necesitando comprensión lectora, razonamiento lógico y capacidades emocionales para competir en un mercado laboral cada vez más duro y automatizado. Y ahí es donde aparece la gran contradicción mexicana: queremos una educación más inclusiva, pero seguimos sin invertir seriamente en tutorías, salud mental escolar, capacitación docente y nivelación académica. Por eso llama la atención que estados como Aguascalientes ya estén marcando distancia y defendiendo modelos más estrictos de evaluación. Lo que veremos en los próximos meses probablemente será una fractura educativa silenciosa entre entidades que apostarán por mayor flexibilidad y otras que intentarán conservar criterios tradicionales de desempeño. Y en medio de esa discusión aparece inevitablemente San Luis Potosí, donde aún no existe una postura clara sobre cómo aterrizar este nuevo modelo. La duda es inevitable: ¿se apostará por acompañar realmente a los alumnos rezagados o simplemente por evitar conflictos administrativos y reducir índices de reprobación?

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