Anuncios en transporte público anteceden ajuste tarifario. La presentación de nuevas rutas y proyectos coincide con el proceso de revisión de la tarifa del servicio urbano en en San Luis Potosí.

Hay señales que en política no necesitan anuncio oficial. La renovación de unidades de transporte público, los eventos con foto y listón, y los discursos sobre “modernización” suelen ser la antesala de algo más tangible para el usuario: pagar más. En San Luis Potosí, todo apunta a que el aumento a la tarifa ya está decidido y que solo falta ponerle fecha y cifra final. La escenografía está montada; el desenlace parece cuestión de días.

La posible alza al pasaje no llega sola: viene acompañada del anuncio de una nueva ruta Metro Red, presentada como el siguiente gran salto de calidad del sistema. La coincidencia no pasa desapercibida. Para muchos usuarios, más que una mejora inmediata, suena a anticipo narrativo para suavizar lo que ya se da por hecho: pagar más.

La historia se repite con puntualidad de reloj suizo. Cada enero reaparece el argumento de que el servicio “ya no es negocio”, que los costos ahogan a los concesionarios y que subir el pasaje es inevitable. Poco se habla, en cambio, de por qué durante décadas el modelo se mantuvo cerrado, sin competencia real, con unidades que envejecen más allá de lo permitido y con autoridades que miran hacia otro lado cuando toca hacer cumplir la ley. El usuario paga puntual; el sistema, no rinde cuentas.

En ese contexto aparece Metro Red, presentado como el gran estandarte de calidad y futuro. Nuevas rutas anunciadas con bombo y platillo, aunque algunas existan solo en papel y otras acumulen retrasos sin fecha clara de arranque, como la de Soledad. Mientras tanto, personas usuarias reportan esperas de hasta 45 minutos, camiones ya deteriorados y un servicio que dista mucho del estándar prometido. El contraste entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana es cada vez más difícil de disimular.

Nadie explica por qué, si el transporte es tan inviable, los mismos grupos empresariales lo controlan desde hace más de 30 años. Tampoco se aclara por qué los incrementos previos no se tradujeron en un servicio digno ni en mejores condiciones laborales para los operadores. Aquí alguien gana estabilidad y protección; alguien más pierde tiempo, dinero y paciencia todos los días.

Al final, el aumento llegará —con fórmula, con justificación técnica y con tono “responsable”— y la ciudad volverá a acostumbrarse. Pero la pregunta incómoda seguirá ahí: ¿hasta cuándo se va a seguir cobrando más por un sistema que se niega a cambiar de fondo? Porque pintar camiones y anunciar rutas futuras no transforma el transporte; solo prepara el terreno para cobrarlo más caro.

Al final, el debate no es solo cuánto va a subir la tarifa, sino con qué se justifica. Si el incremento llega antes que la mejora real, el mensaje es claro: primero se cobra, luego —tal vez— se cumple. Y eso, por más rutas proyectadas que se anuncien, no se arregla con discursos ni con mapas bonitos, sino con unidades que lleguen a tiempo y un servicio que funcione hoy, no dentro de dos años.