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La formación también exige programas permanentes, intercambio de experiencias y ejercicios conjuntos para anticipar amenazas
00:01 miércoles 18 noviembre, 2026
Colaboradores
La seguridad nacional no puede ser una conversación exclusiva de militares, diplomáticos e integrantes de los servicios de inteligencia. Sin conocer los riesgos del país, la sociedad difícilmente puede participar en su protección. Construir esta cultura fortalece a las instituciones y afirma una responsabilidad compartida. No es asunto exclusivo de especialistas, sino una tarea permanente del Estado mexicano.
Una responsabilidad del Estado. La Ley de Seguridad Nacional de 2005 define esta función como las acciones destinadas a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Su artículo tercero comprende la soberanía, el orden constitucional y las instituciones democráticas. No se reduce a combatir delincuentes ni a operaciones militares. La ley exige legalidad, respeto a los derechos fundamentales, coordinación y cooperación.
La responsabilidad es más amplia que el Ejecutivo federal. El artículo 56 establece el control y evaluación del Poder Legislativo mediante una Comisión Bicameral de diputados y senadores. El artículo 65 dispone la cooperación de los poderes y órganos de gobierno estatales para compartir información, coordinar políticas y promover la participación de los municipios. La seguridad nacional también demanda instituciones locales preparadas para reconocer riesgos y colaborar dentro de sus competencias.
De la norma a la práctica. El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, bajo la responsabilidad del general secretario Ricardo Trevilla Trejo, establece en su línea de acción 1.1.3 difundir la cultura de seguridad nacional mediante un programa dirigido a la sociedad civil. Busca dar a conocer las tareas de Defensa para preservar la integridad territorial, la soberanía y el Estado de derecho.
Un ejemplo es el Curso Introductorio de Seguridad Nacional, que imparte el Colegio de Defensa Nacional (Codenal) a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inaugurado el 12 de noviembre por el general Trevilla y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, reúne a 50 servidores públicos del Poder Judicial y de Defensa. La presencia judicial tiene fundamento legal. Los artículos 34 al 39 prevén la participación del Poder Judicial en materia de seguridad nacional. El curso es un gran paso para construir un lenguaje común entre instituciones con funciones distintas y complementarias.
Relaciones civiles-militares. Una cultura sólida requiere diálogo entre Fuerzas Armadas, universidades, especialistas y sociedad civil. Compartir conocimientos y debatir con rigor fortalece la confianza, el control democrático y la coordinación institucional. La formación también exige programas permanentes, intercambio de experiencias y ejercicios conjuntos para anticipar amenazas. Conocer las atribuciones de cada institución es tan importante como comprender sus capacidades. Debe llegar a las aulas, los medios y la ciudadanía, sin perder de vista que la seguridad nacional protege al Estado y sus instituciones democráticas, no a gobiernos pasajeros.
AGENDA ESTRATÉGICA: El martes 17 de noviembre se presenta el Libro blanco de la cooperación en seguridad México–Estados Unidos hacia 2030, encabezado por el United States–Mexico Center for Strategic Studies (USMXCSS), con apoyo de la UDLAP y la Embajada de EU: https://www.usmxcss.com/
GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA
COLABORADOR