Aunque ya existe una regulación sobre la posibilidad para poder anexar o no a la fuerza a alguna persona, es necesario que principalmente se revise la documentación de los centros y, posterior a ello, la situación de cada caso que pudiera presentarse, señaló en entrevista el diputado local, Carlos Arreola.

Detalló que se estará buscando que todos los anexos estén bien regulados, lo cual es una de las tareas del gobierno municipal y del estado, pero se buscará realizar un exhorto desde el Congreso del Estado.

Aunado a ello, aseguró que es fundamental que se denuncie la existencia de centros irregulares, porque al operar como negocio puede prestarse para algunas otras complicaciones que no ayudarán a buscar la mejora de los pacientes.

Externó que es necesario un trabajo de manera conjunta entre la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policiacas, para poder monitorear el correcto funcionamiento de dichos centros porque siempre estarán los derechos humanos para salvaguardar la integridad de aquella persona que pudiera vivir un proceso de este estilo.

"Es necesario que la fiscalía tenga un protocolo", puntualizó.

A partir de dicho protocolo es que se establecerán diversas medidas, tanto para proteger a los trabajadores de los centros de rehabilitación, como a quienes ingresan ahí y a sus familiares, todo para que dentro del marco legal que se ha establecido el campo de acción y el de inacción.

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Aseveró que estos espacios deberán estar en regla y por ello deben de contar con los permisos y también tendrán que estar identificados por Protección Civil.