La Fiscalía de Paraguay informó este jueves que allanó la residencia presidencial en Asunción y sustrajo documentos y registros de cámaras en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña. El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, quien se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel. El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos en un país de 6.4 millones de habitantes. El BCP informó el miércoles que devolvió parte de su dinero a todos los depositantes de Ueno, a razón de hasta 19 mil dólares por cuenta. Su área de comunicación precisó este jueves a la AFP que, de los 1.8 millones de depositantes afectados, más de 1.5 millones ya recuperaron la totalidad de sus ahorros.

Pero más allá del alivio para los pequeños ahorristas, más de 70 por ciento del dinero que había en Ueno sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos, la mayoría de ellos jubilatorios. Indignación en las calles por el dinero perdido Una protesta reunió el jueves en la noche a decenas de jóvenes en una plaza del centro de Asunción. Entre ellos estaba Valentina Benítez, veterinaria de 24 años, quien portaba una pancarta casera que denuncia que robar es un delito solo para los pobres y apuntó contra el nuevo presidente, Pedro Alliana, a quien considera más de lo mismo. "Estoy muy indignada con todo lo que pasó, muy enrabiada, muy frustrada", dijo Benítez a la AFP. Alliana asumió la presidencia tras la destitución de Peña el 6 de noviembre, mediante un acelerado juicio político, y deberá completar el mandato hasta 2028. Más temprano, cientos de personas de sindicatos de docentes y médicos se congregaron frente al Congreso en Asunción para exigir la restitución de los fondos. "Todo el mundo está en shock, no sabemos cómo va a continuar esto, ni qué medidas se van a tomar para recuperar la plata pública (...) Nosotros vamos a estar vigilantes", dijo a la AFP Jorge Arévalos, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay. Peña, Insfrán y el plan de rescate

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Lo señalan de engordar la entidad con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas pese a haber sido alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

El ministerio público detuvo además este jueves al superintendente de bancos del BCP, Holger Insfrán, responsable de supervisar las entidades financieras del país. La fiscalía lo imputó más tarde por lesión de confianza, al considerar que no tomó las medidas correspondientes pese a las advertencias técnicas sobre irregularidades en Ueno. La justicia paraguaya adelanta dos investigaciones en paralelo. Una se centra en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales están detenidos; la otra, en Peña y en el expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva. La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos y dispositivos electrónicos. Las autoridades también investigan el destino de los fondos y activos de Ueno Bank, y solicitaron la cooperación de Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos. La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, señaló el jueves que no hay indicios de que la crisis de Ueno se haya trasladado a otros bancos paraguayos o a países vecinos. "Vemos que las autoridades paraguayas han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes", declaró Kozack en rueda de prensa. Según el BCP, cerca de 300 mil cuentas de Ueno tenían más de 19 mil dólares, por lo que el anticipo del fondo de garantías no cubrió el total de sus depósitos. Esas cuentas deberán esperar la transferencia de activos y pasivos de Ueno a otras entidades financieras, informó Pedro Acosta, miembro del directorio del BCP, quien dijo que el proceso iniciará la próxima semana. Las autoridades esperan usar los recursos de ese traspaso para restituir de forma prioritaria los fondos jubilatorios y de otros organismos públicos que estaban depositados en el banco digital. El Instituto de Previsión Social, a cargo de las jubilaciones de cerca de 1.5 millones de personas, tenía 516 millones de dólares depositados en Ueno. El presidente del BCP, Jorge Schreiner, dijo este jueves a periodistas que se sintió más tranquilo tras analizar las carteras de Ueno. Aseguró haber encontrado que el volumen de activos transferibles supera el monto de la deuda que tiene el banco con el sistema previsional. Con información de Excélsior.