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Se podrían ubicar empresas que andan cambiando de domicilio fiscal de un estado a otro y se beneficiarían las entidades federativas, afirman expertos
13:30 martes 18 agosto, 2020
San Luis
La firma de convenios entre los gobiernos estatales y la Federación en el ramo fiscal son benéficos para las entidades federativas y aportarían al intercambio de información para la persecución de algún delito en materia, coincidieron expertos en Derecho y en Economía. Se busca firmar un Convenio con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Los recursos que se obtengan de los procedimientos serán retornados a las entidades federativas y también se busca un convenio para que cada estado pueda formar su propia estructura de inteligencia financiera. El maestro Raymundo Tenorio además de precisar que se trata de un intercambio de información entre estado y federación. “Los convenios son para intercambiar información de causantes que andan cambiando de domicilio fiscal de aquí, de la ciudad de México, al Estado de México , a San Luis Potosí, establecen filiales, nuevas empresas, para eso son estos acuerdos de investigación fiscal, que lo firmen y lo lleven a cabo”. Le apostó también para que los propios estados implementen esos esquemas de inteligencia financiera, pues la coyuntura presiona a perseguir delitos fiscales.
“Ya los debieron haber hecho, nada se los impide. Lo que pasa es que localmente no se han puesto a trabajar”. Aparte, el experto en temas jurídicos Jorge Chessal Palau destacó que haya recursos para poder impulsar las llamadas unidades de inteligencia patrimonial y económica, que son equivalentes de las unidades de inteligencia financiera. “Son efectivamente unidades que permiten una investigación real sobre evolución patrimonial y situación económicas de personas de interés (…) Pero en el caso de la Secretaría de Finanzas una unidad de inteligencia patrimonial y económica permitiría tener acceso a una serie de información para poder detectar no solo delitos fiscales, sino otros tipos de delitos”. Aclaró sin embargo que no podría delegarse la facultad de la Procuraduría Fiscal de la Federación en las procuradurías fiscales de los estados, porque habría un problema constitucional, sino sólo un intercambio de información.