En México existen 11 millones de adolescentes de 14 a 18 años, son 10% de la población total. De ellos, 13 mil adolescentes están sometidos a la justicia y 3 mil de ellos se encuentran privados de su libertad por haber cometido delitos graves: 96% hombres y 4% mujeres. Los jóvenes están criminalizados. Si cometen un delito son severamente juzgados pública, mediáticamente. Por ejemplo, es impresionante la cantidad de años que la ley establecía para los menores que hubieran sido acusados de cometer una conducta delictiva en distintos estados de la república. En San Luis Potosí la Ley de Justicia para Menores del Estado contemplaba penas de cárcel hasta de 18 años, sólo superado por Aguascalientes en donde la máxima era de 20 años. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, aprobada en 2016, señala que sólo debe privarse de la libertad, por un máximo de 5 años, a quienes hubieran cometido delitos graves, si el adolescente tiene entre 16 y 18 años. Deberá tener de 14 a 16 años para entrar en internamiento y desde los 12 se puede ser procesado La discusión entre los estudiosos de los fenómenos delictivos referentes a la participación de los jóvenes sigue siendo intensa, no es poca cosa que una sociedad como la mexicana se caracterice por ofrecer tan pocas oportunidades de desarrollo a sus niños y jóvenes. En una investigación impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 dirigida por la doctora Elena Azaola, Adolescencia, Vulnerabilidad y Violencia, los resultados de esta investigación realizada entre una muestra entre 17 entidades de la República y 700 menores, muestra datos desoladores porque es muy posible que para esos niños no existan condiciones para salir adelante, vienen de entornos tan pobres y/o violentos, con tan pocas oportunidades para salir de la miseria; con padres y madres que se rompen el lomo trabajando, o con familias alcoholizadas, o con entornos criminógenos. Para comprender este muy complejo problema hay que mirar el dolor, la soledad y la violencia con la que crecen muchos niños en México, y repensar alternativas desde esquemas no punitivos convencionales. Azaola ofreció hace unos días una conferencia en San Luis Potosí en el marco del Foro de Justicia Terapéutica organizado por la A.C. Renace Capítulo SLP, con apoyo de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y la Unión Europea. Permítanme comentar solo algunos de los resultados de este trabajo sobre menores en internamiento:

60% cuentan con uno o varios familiares que han estado en prisión. Imaginemos lo que significa socializar el fenómeno de la privación de la libertad en una familia.

43% se salieron de su casa, en ocasiones de manera temporal y, en otras, definitiva. No pensemos en un joven de 18, sino en un niño o una niña de seis años que tiene que huir de su casa por la violencia que se vive en ese lugar.

31% de los que se salieron lo hizo por problemas familiares. Se pregunta la doctora Azaola, “¿qué hace que un niño sea sicario?, ¿por qué se une a una pandilla o a la delincuencia organizada?, un niño, por ejemplo, que ve cómo golpean a su madre todos los días, está en el peor de los escenarios.  

22% nunca conocieron a su padre y 24% dijo que su padre es la persona que más daño les ha hecho. Dos datos preocupantes porque para muchos menores la persona que más les ha hecho daño es su padre, por ausencia, por violencia, abandono, drogas, o alcohol.

40% sufrieron maltratos físicos frecuentemente.

34% padecieron insultos y/o humillaciones frecuentemente.

12% sufrieron abusos sexuales.

“Mi padrastro abusaba de mi desde los 13 años. Mi mamá me dejaba seguido a solas con mi padrastro. Un día que me iba a quedar sola, como tenía miedo, se lo conté a mi novio y le pedí que se escondiera en la casa para defenderme. Cuando mi padrastro llegó a la casa y quiso abusar, apareció mi novio y lo acuchilló”. Testimonios como estos corren a lo largo de toda la investigación. La mayor parte de las adolescentes que ingresan a los sistemas de justicia, han sufrido de abusos físicos y sexuales o negligencia, lo que les ha producido profundas heridas emocionales. La autoimagen negativa, la baja autoestima, el abuso de substancias, la automedicación y los daños corporales auto infligidos, son expresiones de la manera cómo las adolescentes tienden a lidiar con las experiencias traumáticas que han sufrido. 39% dijo que, cuando sufría malos tratos, no había nadie que lo protegiera. Son niños, niñas pensemos en qué significa no tener cerca a una persona que los abrace, los consuele, los escuche, los quiera.

Observemos el entorno familiar:

57% dijo que los adultos con los que vivía, consumían alcohol frecuentemente.

30% dijo que los adultos con los que vivía consumían drogas frecuentemente.

68% dijo que, antes de ser privado/a de su libertad, él/ella consumía alcohol y diversas drogas frecuentemente.

Un chico, dice: “tenía una banda que robaba coches y asaltaba las tiendas Oxxo. Yo lo hacía desde que tenía 12 años, por eso los custodios [del centro de internamiento] luego me piden cosas, como pistolas o tabletas y yo los conecto para que se las consigan”. En este país donde hasta la preparatoria es obligatoria, la movilidad y la educación es un sueño, la mayor parte de los y las menores tiene primaria y secundaria incompleta y no hay política pública que los ayude para no abandonar la escuela. El documento que describe más ampliamente el fenómeno fue elaborado por Elena Azaola, una antropóloga y psicoanalista que ha realizado diversos estudios sobre maltrato infantil y centros de reclusión. Y demuestra que la violencia no termina, sigue en las detenciones y en la reclusión. Por ejemplo 57% dijeron haber sido severamente golpeados y maltratados, en ocasiones durante varios días, por la policía o militares al momento de su detención. Estas prácticas son tan frecuentes que, para los adolescentes, constituyen el comportamiento ‘normal’, el que cabe esperar por parte de las policías Un chico, dijo: “me dieron golpes normales en el cuerpo y un golpe más fuerte. También me dieron toques con la chicharra y cachazos con sus pistolas”. Otro, señaló: “me detuvo la policía ministerial, me torturaron con agua y me pusieron una bolsa en la cabeza para que me ahogara. También me dieron toques con una chicharra de esas que utilizan para las vacas. Estuvieron 5 días torturándome”. 35% de los menores en prisión fueron reclutados por el crimen organizado. Aquí están las voces: “Cuando me salí de la escuela unos vecinos me daban para beber y marihuana, después me contactaron con policías y ellos me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al cartel del milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar. Ellos elegían a las personas y yo cumplía con lo que me dijeran que había que hacer. Realicé muchas ejecuciones y ‘levantones’ y participé en algunos secuestros. Cada mes me pagaban mínimo 15 mil pesos y después de cada trabajo me daban alguna cantidad, una vez fueron 50 mil pesos.” Otro joven comenta: Al principio, me involucré en la delincuencia por unas amistades, pero, lo que me permitió continuar, fue porque no quise regresar a mi casa por orgullo, por los conflictos que teníamos a causa de que yo consumía drogas y no me gustaba que me dijeran qué hacer. Entonces, uno necesita dinero y, cuando estás rodeado de esas amistades, te parece fácil, o en ese momento así lo piensas porque te orillan a hacerlo y en ese momento no te das cuenta, no piensas. Primero empecé por vender drogas y luego los homicidios. Siempre va a haber personas que se van a dejar influenciar por esos grupos; uno se deja influenciar por el dinero y por problemas familiares, pero también porque no nos orientan”. En el documento final de la investigación Adolescencia, Vulnerabilidad y Violencia,  la doctora Azaola sugiere una serie de recomendaciones muy importantes, por espacio en este texto destaco una, que es de carácter estructural: Crear programas específicos en el ámbito educativo para: a) dotar al personal escolar de las competencias y habilidades que les permitan identificar y dar atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia; b) reducir los niveles de violencia en el ámbito escolar; c) dotar de habilidades a alumnos y maestros para la mediación y la resolución pacífica de conflictos;  d) brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta y de violencia y, e) diseñar programas que prevengan y eviten la deserción escolar. Y tú ¿qué opinas?