El Presidente electo usó su mayoría en el Congreso para diseñar una administración pública federal en la que la Presidencia concentra funciones estratégicas. Para ejercer el poder, Andrés Manuel López Obrador se apoyará en la Oficina de la Presidencia, figura creada por Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988, y que en 1997 Ernesto Zedillo decidió desaparecer, pero que en diciembre de 2006 retomó Felipe Calderón. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública fueron aprobadas gracias a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. Con ellas recibieron mayores facultades la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda.

Cámara baja

Senado

Según las reformas, la Oficina de la Presidencia servirá como instancia de "apoyo directo" al titular del Poder Ejecutivo, "para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica".

Sus tareas

Programas Sociales prioritarios

Comunicación Social

Asuntos jurídicos

Estrategia digital

Preservación de la memoria histórica

Además, estarán bajo su coordinación:

Consejo asesor empresarial, en el que confluyen dueños y representantes de las televisoras

Consejo asesor en materia de seguridad

Consejo de memoria

Coordinación de desarrollo rural

Nuevas comisiones presidenciales

La Oficina será coordinada por el empresario Alfonso Romo, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador desde hace un par de años.

Además de Romo, otros tres funcionarios en la Presidencia podrán hacer nombramientos en secretarías de Estado, ejecutar presupuestos y decidir políticas:

Gabriel García Hernández, Coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo

Julio Scherer Ibarra, Consejero jurídico

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social

'Superdelegados'

En su Administración, López Obrador contará con un ejército de “coordinadores estatales de Programas de Desarrollo” (todos con el perfil de operadores de Morena en sus estados) y con una oficina que, desde la Presidencia, tutelará a estos “superdelegados”. Gabriel García Hernández será el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.

Aunque los nuevos “superdelegados” están adscritos administrativamente a la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol), serán nombrados y dirigidos desde esta coordinación de la Presidencia. Según la nueva Ley de la APF, las delegaciones de Programas para el Desarrollo tendrán a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas a cargo de las Secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población”. El tema de los “superdelegados” fue cuestionado por PAN, MC, PRI y PRD en ambas Cámaras durante su aprobación, pero la iniciativa de Morena para ponerlas en marcha apenas sufrió pequeñas modificaciones en el proceso legislativo.

Delfina Gómez será 'superdelegada' en el Estado de México.

Consejería Jurídica

La Consejería mantiene las más de 10 atribuciones contempladas en los artículos 43, 43 Bis y 43 Ter de la Ley Orgánica de la APF, entre las que destacan la revisión y elaboración de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones presidenciales. Y agrega una facultad: el nuevo consejero jurídico podrá nombrar y remover a los titulares de las unidades jurídicas de las Secretarías de Estado y otras entidades del Gobierno federal, aunque estarán adscritos, administrativa y presupuestalmente a la dependencia donde laboren. Esta oficina, que brindará apoyo técnico-jurídico al Presidente, será encabezada por el abogado Julio Scherer Ibarra.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Jesús Ramírez Cuevas será el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Ramírez concentrará las funciones de Comunicación Social del gobierno federal, coordinando a un equipo de enlaces en las secretarías de Estado y las demás dependencias federales, que sustituirán a los anteriores coordinadores generales de Comunicación de cada área. Aunque se ha dicho que la relación institucional con los medios y la contratación de la publicidad oficial se ejercerán desde Presidencia, la Ley de la APF ya reformada otorga a la Secretaría de Gobernación esas funciones. El artículo 27 establece que la Segob tiene como atribuciones: “autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, lo que causó malestar entre organizaciones defensoras del derecho a la información, que desde hace meses demandan que la publicidad oficial sea regulada y contratada por un ente autónomo.

Otras facultades

Una reforma al artículo 21 de la Ley de la APF facultará a López Obrador para crear comisiones que lo auxilien en el despacho de diversos asuntos.

Comisiones intersecretariales

Serán creadas por el Presidente para el despacho de asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado.

Comisiones consultivas

Serán integradas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil para emitir una opinión sobre algún tema específico.

Comisiones presidenciales

Podrán ser formadas por funcionarios, especialistas o profesionistas y ex servidores públicos de otros poderes u órdenes de Gobierno, para ejecutar funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que servirán de base para la toma de decisiones.

Getty Images Las comisiones presidenciales provocaron un álgido debate en la Cámara de Diputados durante la aprobación de la reforma al artículo 21, pues la Oposición advirtió que podrían usarse como Comisiones de la Verdad, para abrir o cerrar asuntos a criterio del Presidente. Finalmente, se aprobó con los 328 votos de Morena y sus aliados, 118 abstenciones y 18 votos en contra. El tema volvió a ser cuestionado por la Oposición en el Senado, pero Morena usó su mayoría para que se aprobara en los mismos términos.

Y suman a Hacienda más facultades

En el rediseño gubernamental destacan, además, las nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda, entre ellas nombrar a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, quienes sustituirán a los Oficiales Mayores, y la centralización de los órganos internos de control (OIC) desde la Secretaría de la Función Pública. Es decir, los Secretarios de Estado operarán con al menos cuatro funcionarios nombrados desde otra instancias: Titular de Administración y Finanzas (antes Oficial Mayor), Jefe de Unidad Jurídica, contralor o titular de OIC y enlace de Comunicación.

Carlos Urzúa encabezará la Secretaría de Hacienda.

Para el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Guillermo Cejudo, Hacienda no sólo ejercerá un control presupuestal sino también administrativo, al tener a su cargo la designación de los funcionarios públicos encargados de revisar aspectos fundamentales para el desempeño diario de las instituciones, como recortes de personal, la autorización de viáticos, la aprobación de proveedores o el pago de vehículos.

Eso es más poderoso que el mero control presupuestal, porque ya no es nada más el control de los montos sino el control del ejercicio y no es control contable sino administrativo". Es decir, no sólo voy a revisar cómo estás gastando los recursos, ahora voy a tener bajo mi responsabilidad a la persona que autoriza si lo puedes gastar o no”. Para José Juan Sánchez, Doctor en Administración Pública y especialista de la UNAM, que de todas las dependencias Hacienda fuera la más fortalecida denota la intención de ejercer un control también desde el ámbito presupuestal.

Van a pasar por ahí contratos y licitaciones, van a desaparecer las oficialías mayores y van a funcionar como unidades de Administración y Finanzas bajo la encomienda de Hacienda".

José Juan Sánchez, Doctor en Administración Pública y especialista de la UNAM

Alejandro Esquer, Alfonso Romo, Raymundo Artís, Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas, Jesús Ramírez, Gabriel García, César Yáñez

Centralización del poder

Expertos advierten que el esquema administrativo propuesto por el próximo gobierno centraliza el poder a partir de dos elementos: el político y el presupuestal.

La propuesta no es descentralizar el Gobierno; por el contrario, es controlarlo presupuestal y normativamente, pero al mismo tiempo tiene un proyecto político de fondo: consolidar la presencia de Morena en todo el Gobierno federal, y en los estados".

José Juan Sánchez, Doctor en Administración Pública, especialista de la UNAM Eso (los superdelegados) va a provocar un mayor control del Gobierno federal en los estatales, y va a generar un control político muy fuerte del partido en el Gobierno, y al Presidente le va a permitir hacer un contrapeso a los Gobiernos estatales".

José Juan Sánchez, Doctor en Administración Pública, especialista de la UNAM REFORMA