En el primer semestre de 2018, la organización Ciudadanos Observando, junto con ciudadanos afectados, presentaron denuncias penales en contra de diputados locales por presuntos desvíos de recursos y falsificación de firmas en la comprobación de gastos de gestoría institucional e informes legislativos; con este fraude se habrían desviado más de 25 millones de pesos, de acuerdo a lo que señala esta organización. El escándalo se destapó incluso en medios nacionales en el mes de mayo del año pasado y se denunció la existencia de 7 empresas fantasma, que facturaban supuestos apoyos sociales, consistentes en materiales de construcción, útiles escolares y apoyo médico; más tarde, en el mes de agosto, se presentaron nuevas denuncias por el presunto desvío de un millón 039 mil 161 pesos, por concepto de informes legislativos de 10 diputados, quienes habrían usado empresas fantasma para facturar compras de tamales, revistas, artículos promocionales, lonas, videos y banquetes. Tras varios meses de estas denuncias, la Fiscalía General del Estado no reporta avances en la integración de las carpetas de investigación, según acusa Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, quien dijo que ni siquiera se han visitado los domicilios de las empresas “fantasma” para corroborar que no están formalmente instaladas y apenas están en la etapa de solicitarle documentos al Congreso del Estado. El activista acusó que la Fiscalía les ha dado “justificaciones ridículas” al momento de presentar informes sobre este caso, ya que aseguran que el Congreso del Estado no los atiende y por tanto no han podido acceder a los documentos oficiales, por lo que consideró que se trata más bien de un encubrimiento del caso: “ellos son autoridad, nosotros como ciudadanos tuvimos trabas y así lo conseguimos”. En el mes de noviembre, según narra el vocero de Ciudadanos Observando, un grupo de víctimas de este caso, cuyas firmas fueron falsificadas o domicilios fueron usados en las facturas, mantuvieron una reunión con los fiscales y tras la misma, las víctimas salieron llorando de rabia, debido a que no creían que la autoridad no pudiera actuar en torno a este asunto. FISCAL ANTICORRUPCIÓN SE DESLINDA

David Reyes Medrano, vocero de la Plataforma Ganemos, señaló que el Fiscal Anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola no está haciéndose cargo de este asunto en particular, debido a que las denuncias fueron presentadas antes de la conformación de la Fiscal, por lo que él está argumentando que todos los casos registrados antes de agosto son competencia del Visitador General; sin embargo, Reyes Medrano dijo que el Visitador solo tiene a su cargo un Ministerio Público atendiendo las denuncias de todo el estado, cuando debería haber 3 Ministerios Públicos. El vocero de Ganemos dijo que también se presentó una denuncia ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), mismo que ya ha empezado a boletinar a las empresas “fantasma” para que no puedan seguir emitiendo facturas. Adicionalmente, se solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) hacer auditorías especiales a las partidas de Gestoría Institucional y para Cursos de Capacitación, para detectar estas anomalías y dicho órgano fiscalizador tampoco ha entregado resultados con respecto a dicha solicitud. “EN EL LIMBO” 21 DENUNCIAS

En total, las víctimas y las organizaciones presentaron 21 denuncias en contra de los ahora ex diputados locales, entre los que se involucró a legisladores como: José Luis Romero Calzada, Fernando Chávez Méndez, Sergio Desfassiux Cabello, Dulcelina Sánchez de Lira, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Mariano Niño Martínez, Héctor Mendizábal Pérez, entre otros. Algunas de las víctimas señalan que sus domicilios fueron usados para facturar, sin embargo ni siquiera estaban enterados de ello e incluso algunos legisladores hacían compras extrañas, como adquirir dulces en empresas registradas en otros estados o comprar tamales y material de construcción a una misma empresa.