Por mayoría el pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Marite Hernández Correa, para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR), para que realice un replanteamiento total de la investigación que se realiza sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre de 2014.

El Punto de Acuerdo, establece “esta soberanía exhorta a la Fiscalía General de la República para que realice un replanteamiento total de la investigación, pues lo que se ha hecho hasta el momento no se encamina a la obtención de la verdad y la justicia”.

“Que se investiguen los errores y omisiones que se cometieron en la averiguación del caso; y que no se deje en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad, que involucra desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.

Se explica que “la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero, México, las policías, federal, estatal, y de los municipios de Cocula e Iguala, participaron en la ejecución extrajudicial de seis personas, algunas de las cuales eran estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como en la desaparición forzada de otros 43 integrantes de esa institución educativa. El hecho sacudió la conciencia nacional y tuvo impacto en el ámbito internacional, al grado de que se formó un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que produjo importantes resoluciones sobre el caso”.

“La violación a los derechos humanos fue múltiple y atentó contra la libertad, la convivencia democrática y las normas de Derecho Internacional que rigen la materia. Fueron vulnerados los valores más básicos de la sociedad y afectaron la vida de numerosas personas, entre ellas las madres y padres de los 43 desaparecidos. Los ilícitos cometidos 

son catalogados por la normatividad internacional como de lesa humanidad”. 

“Al día de hoy, aún no se esclarece el paradero de los estudiantes y existen múltiples versiones de lo ocurrido hace ya cinco años; sin embargo, a la fecha las familias de los 43 normalistas desaparecidos siguen a la espera de recuperar a sus seres amados, de que se explique lo sucedido y de que se haga justicia; lo mismo que exigimos la sociedad sensible al caso”.

“La justicia para ellos no existe y a la fecha ha sido una burla lo que se ha manifestado por la autoridad en los diferentes órdenes gubernamentales. Hoy más que nunca, estamos cansados de la impunidad, de la injusticia y de la relegación hacia los grupos más desprotegidos, por ello debemos alzar la voz para evitar que este tipo de actos pervivan y que sigan lacerando a nuestra sociedad y a nuestras familias”, finalizó.