El anuncio “con bombo y platillo” que hizo este martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la incorporación de nuevo personal de inspección para el transporte público, nos deja clara la razón por la que el servicio en San Luis es tan deficiente. En primer lugar, la SCT admitió que solo tenía 9 inspectores para todo el estado, siete para supervisar a los camiones urbanos y dos para supervisar al transporte de alquiler tipo taxi. ¿Cómo puede mejorar el servicio de taxi si solo dos personas supervisan 3,400 unidades que operan en la Zona Metropolitana? Y el tema no para aquí, los dos inspectores están encargados del transporte tipo taxi en los 58 municipios, es decir, su trabajo no se circunscribe a las unidades que circulan en la Zona Metropolitana. Como si de una burla se tratara este martes la dependencia dio a conocer que se incorporan 10 inspectores, para supervisar que en materia de transporte todo trancurra conforme a la ley y la reglamentación vigente. Es decir, a partir de mañana 7 de febrero, 12 inspectores vigilarán a 3,400 taxis y alrededor de 3 mil Ubers. En otras palabras, la SCT informó que cada inspector se hará responsable de 533 unidades. Ahora entendemos porque la “Ley Uber” es letra muerta y por qué la SCT no ha querido “entrarle” de lleno a regulación de los nuevos sistemas de transporte. La dependencia está rebasada, no puede con el “paquete”. El gobernador acudió a la reunión y según la información disponible choferes de Uber se comprometieron a cumplir la ley y registrarse ante la SCT. “El chiste se cuenta solo”. Los operativos continuarán, pero ciertamente los resultados no serán satisfactorios y sin soluciones reales es casi un hecho que en poco tiempo vuelvan a presentarse actos de violencia entra taxistas y Ubers. Los choferes pueden decir una cosa, pero la empresa Uber ha dejado entrever que no piensa cumplir la llamada “Ley Uber”, según se desprende del comunicado de prensa que envió a los medios la semana pasada. “Continuamos en comunicación con el gobierno buscando la forma para seguir ofreciendo una alternativa de movilidad cómoda, segura y eficiente para la ciudad; y una oportunidad de emprendimiento para los socios conductores”. Y agrega: “de la misma forma, nos permitimos aclarar que las declaraciones hechas por socios conductores independientes de ninguna forma representan la postura de Uber. Sabemos y comprendemos la preocupación de los socios conductores, con quienes estamos en constante diálogo”. Si la empresa hubiera exigido a sus conductores registrarse lo diría y no manejaría el eufemismo: “continuamos en comunicación con el gobierno buscando la forma de seguir ofreciendo el servicio”. La “Ley Uber” podrá no ser la mejor, pero es un avance, para lograr una convivencia pacífica entre las diferentes empresas que se dedican al transporte. El problema es que la SCT no tiene la capacidad de regularlas, por una sencilla razón: no tiene personal.