La congestión vial que han generado los automóviles y el transporte público cuesta en San Luis Potosí 1,100 millones de pesos por año; sin embargo, 3 de cada 10 personas que se trasladan al trabajo lo hacen en automóvil. Pocas personas, se mueven en muchos coches y generan este alto costo. El costo de la movilidad en transporte motor nos ubica en la onceava ciudad que más cuesta, por debajo de las principales metrópolis incluyendo Querétaro y León. También somos la onceava ciudad más importante de sistema urbano nacional por el tamaño de población. El gobierno destina 44% de sus recursos a la movilidad, pero 8 de cada 10 pesos son para el automóvil (infraestructura vial y pavimentación principalmente), y sólo 2 a movilidad sustentable (transporte público y ciclovías). En Santiago de Chile, también un tercio de la población se mueve en automóvil particular, pero la ciudad destina 56% del presupuesto federal a proyectos de transporte público y ciclovías. En San Luis Potosí 6 de cada 10 personas se desplazan a la escuela caminando y 3 de cada 10 en bicicleta, pero menos de 3% del presupuesto se destina a estas formas de movilidad.  Nuestro sistema vial ha colapsado, por ello es necesario desarrollar rápidamente ciclovías y macromanzanas (áreas peatonales que agrupen manzanas), con la finalidad de impulsar la movilidad no motorizada. En estas acciones, la seguridad es un componente imprescindible para su buen desarrollo, seguridad pública y de tránsito. Ya no es sólo importante privilegiar al peatón, sino que es indispensable disminuir el uso del automóvil. Es común que no podamos cruzar una vialidad, como es el caso de Salvador Nava o la 57, imposible tal vez cruzar caminando el Distribuidor Juárez, y es un punto que conecta a la Central de Autobuses con el Centro de la Ciudad en una distancia de 2 kilómetros. También es común que, en las principales vialidades, las banquetas sean ocupadas como espacios comerciales o para estacionamiento y que no exista una estrategia de movilidad. Por todos los problemas que tenemos para desplazarnos, es fundamental y urgente recuperar nuestro Derecho a la Movilidad, poder elegir por dónde y cómo desplazarnos.  El Derecho a la Movilidad Activa surge como otros muchos como resultado de un problema, de una reivindicación o de una exigencia por una libertad que debe de ser garantizada por el Estado. No sólo es la libertad de tránsito que está consagrada en la Constitución, sino que implica la seguridad y el libre derecho que tenemos a decidir por dónde, cómo y cuándo nos movemos. El Derecho a la Movilidad Activa debe estar asegurado en una Ley de Movilidad, garantizado por una instancia gubernamental y respaldado por recursos establecidos en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos. Garantizar un Derecho a la Movilidad Activa nos ubicaría como una ciudad modelo, pero lo más importante, mejoraría nuestra calidad en los desplazamientos, calidad del aire, salud y prosperidad. Esos indicadores que son afectados por la alta carga y centralidad que tenemos en el automóvil.