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06:15 jueves 26 octubre, 2017
ColaboradoresEditorial EL UNIVERSAL / La justicia en crisis La impartición de justicia en México se da de manera dispersa, con una visión fragmentada y decisiones aisladas. La investigación en torno a los crímenes cometidos prácticamente no existe y cuando se realiza a menudo lo hace atropellando a los derechos humanos. La generación de información es deficiente y se hace poco uso de ella. Lo anterior son los resultados principales de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, que dieron a conocer ayer el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Conacyt. Los resultados no podrían ser distintos. Como muchas otras materias en el país, la procuración de justicia incumple su cometido al ser considerada lenta, con frecuencia imparcial y cara para la mayoría de la población. Para contrarrestar lo anterior, desde 2008 —pues no es un problema de ahora— se configuró una ambiciosa reforma que significó realizar adecuaciones en los sistemas judiciales de todo el país. Finalmente, como estaba previsto, entró en vigor en 2016, pero a un año de haberse puesto en marcha surgieron voces que descalificaban el esquema actual y sugerían regresar al anterior en lugar de hacer los ajustes necesarios al nuevo modelo. No debe ser opción volver a épocas en las que se apresaba por decisiones poco claras, sin adjudicar claramente la conducta delictiva, donde no era raro ver sujetos golpeados que aceptaban su “culpabilidad” de “ilícitos”. El actual sistema se sustenta en prácticas científicas y en la presunción de inocencia de inculpados, lo que representa, por supuesto, una transformación en la forma de desempeñarse de los actores judiciales. La ruta está marcada, pero llevará tiempo y un indeclinable compromiso de la autoridad. El informe, obtenido luego de foros y debates con expertos, universidades, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, ratifica el acierto que es la reforma de 2008 y, además de señalar las fallas, contiene también las acciones que deberían ponerse en marcha para modificar el panorama actual. A pesar de la relevancia de la consulta, en la ceremonia de ayer no hubo representación del Congreso de la Unión. ¿Señal del interés que les merece la impartición de justicia? Cuando en este momento el país tiene acéfalas tres fiscalías clave: la general, la anticorrupción y la de delitos electorales, cabe la pregunta: ¿les importa a los legisladores la impartición de justicia? Frentes Políticos I. Estrategias. La Comisión Ejecutiva de la Conago, que encabeza Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, se reunió en Mérida y acordó que ante desastres naturales se trabaje en planes de resiliencia que permitan mantener el dinamismo de la industria turística. A propuesta del mandatario, acordaron impulsar un modelo uniforme de centros de atención al turista, donde bajo un mismo techo puedan atender los diversos órdenes de gobierno cualquier contratiempo durante su estancia. El anfitrión fue Rolando Zapata, gobernador de Yucatán, asistieron Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. El turismo es la joya a preservar. II. Cocinado. Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, se quedó a nada de ganar la misma. El Tribunal Electoral de la entidad avaló la votación que da el triunfo a Miguel Riquelme, del PRI. Anaya se reunió con asesores electorales de la representación del partido ante el INE para revisar las dos quejas pendientes que el Consejo General no ha resuelto, una de ellas es que el candidato priista rebasó los topes de gastos de campaña. El mismo tribunal desestimó 40 impugnaciones y dio el triunfo a Riquelme. Pese a la insistencia de Guillermo Anaya, no se aprobó la anulación de la elección. Vendrán nuevas impugnaciones. Lo cierto es que, ahora sí, Coahuila ya tiene nuevo gobernador y con todas las de la ley. III. Va para largo. La sesión de ayer en el Senado no fue positiva. En teoría, los legisladores se pondrían de acuerdo sobre el procedimiento para atender el caso del destituido fiscal para la atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, pero no fue así. La discrepancia se dio por la forma en cómo se iba a votar el tema. Algunos senadores pidieron que el sufragio fuera abierto, para dar transparencia al proceso y no de forma secreta, algunos la pidieron así. Pese a los alegatos de las partes en conflicto no se pudo votar al no alcanzar el quórum necesario, sólo se presentaron 45 legisladores de los 128 que son. Los senadores siguen sin entender que con sus actos afectan la democracia. Muy mal. IV. Los de siempre. La CNTE, en su constante lucha contra el gobierno, es capaz de atentar contra la niñez. Padres de familia de alumnos de escuelas públicas, agrupados en el Comité Estatal de Participación Social en la Educación, reprobaron la posición de los profesores por pronunciarse en contra de que los recursos del programa federal Escuelas al Cien se canalicen a la reconstrucción de los recintos siniestrados por los sismos. Los recursos económicos que están llegando a Oaxaca van destinados a la reconstrucción de escuelas tal y como se comprometió el gobierno. Este no es momento para politizar, sin embargo la CNTE deja ver su “postura mezquina”, dijo Luisa García, presidenta de esta asociación civil. Retrato de cuerpo entero de la llamada disidencia magisterial. V. Peligrosos. La idea del PAN, vertida por Juan Carlos Romero Hicks, advirtiendo que si no se restituye a Santiago Nieto, “no habrá Ley de Ingresos”, fue un acto suicida. A nadie le pareció, así que presionado por sus propios correligionarios, el PAN se echó para atrás, ante el riesgo en que meterían a las finanzas del país. Ayer, Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado advirtió que no se van a dejar chantajear por la oposición y dejó en claro que ellos deben asumir las consecuencias de sus decisiones. Casi de inmediato, el PAN emitió un comunicado asegurando que no detendrá el proceso de Ley de Ingresos. Nunca como ahora sus caprichos fueron tan riesgosos para el país. Ni hablar.