Mariana, Lesby y Odalys son tres mujeres mexicanas que tienen algo en común: están muertas y las instancias encargadas de la procuración de justicia, dijeron que se habían suicidado. Seguramente, nunca se conocieron ni coincidieron en vida, sin embargo, comparten ahora el mismo destino: la indolencia y las omisiones de quienes debieron protegerlas y garantizar su vida, ahora son quienes las revictimizaron. El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía Cortez recibió una llamada, informándole que su hija estaba muerta, “se suicidó” le dijeron, algo que ella no creyó ya que sabía de la constante violencia que la pareja de Mariana ejercía. Irinea entró hasta la recámara y encontró el cadáver de su hija Mariana recostado en la cama. Presentaba rigidez y lesiones: rasguños en el cuello, en la frente y moretones en las piernas. El pelo estaba revuelto, y su cuerpo había sido bañado y secado: tenía esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el agua. Los pies estaban descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio. Los ministeriales levantaron el cadáver en 10 minutos. Las fotografías tomadas por los peritos estaban desenfocadas, sin calidad y describieron la postura del cadáver en dos párrafos. Según diversas fuentes consultadas y la historia contada por la misma Irinea, en la averiguación previa no señalan que el cuerpo de su hija fue movido. No se cumplió con el protocolo de investigación, no se resguardó la escena y no se recopilaron indicios, no se recuperó el cordón, con el que supuestamente se había ahorcado, y una serie de irregularidades, las cuales, gracias a la convicción, la fuerza y la valentía de Irinea, quedaron evidenciadas muchos años después cuando la Primera Sala del máximo tribunal determinó que el caso contó con irregularidades en su investigación obligando al Estado de México, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a volver a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio, reconociendo las terribles omisiones y negligencias graves que abonaron a la impunidad.  El cuerpo de Lesvy Berlín Osorio, de 22 años de edad, fue encontrado un 3 de mayo de 2017 en el interior de Ciudad Universitaria, en la UNAM, atado a una caseta de teléfono público y mediante una cadena de tuits la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la señaló de ser paseadora de perros, que el día de su muerte estuvo “alcoholizándose y drogándose” aparte de ya no estudiar en la UNAM y bueno, que hasta debía materias, información innecesaria y que sin duda, daba un trato indigno a la víctima. Finalmente, dijo la procuraduría que había sido un suicidio. La mamá de Lesvy, Araceli Osorio, exigió que la muerte de su hija fuera tratada y juzgada como feminicidio debido a que dijo contar con pruebas suficientes para acreditar el delito como tal, haciendo referencia a un golpe fuerte con una cadena directo en su rostro y golpes en la cabeza que generaron sangrado interno, así como la exposición pública del cuerpo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en conjunto con un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), realizaron un peritaje que determinó que la joven no podría suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia. Se ha pedido la reclasificación del delito y la exigencia generalizada en la sociedad, es que se debe de investigar como feminicidio.  La madrugada del pasado 11 de marzo, elementos de la agrupación Fuerza Metropolitana atendieron un reporte sobre la presencia del cuerpo de una mujer joven, sin vida y suspendida de las rejas de la zona de transferencia del transporte público, justo en la parte posterior del Museo del Ferrocarril. Dentro de las primeras declaraciones, el fiscal General del estado, Federico Garza Herrera, señaló que todo indica a que la adolescente se había suicidado, con una inmediatez que deja ver que no se aplicó el protocolo de feminicidio para descartar que la muerte de la joven haya sido como consecuencia de un asesinato. Lo peor, vendría después… así, sin empacho alguno, el director de la Policía Ministerial declaró que Odalys se había estado drogando en compañía de su novio y que aparte, ella estaba pasando por un episodio de depresión que la llevó a cometer suicido. Si, eso acaba de ocurrir en San Luis y en pleno proceso de implementación de la Alerta de Violencia de Género.  Pareciera que habrá que recordarles que según el Acuerdo 04/XLIII/27 el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) se estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas “iniciarán la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio” y ya de manera anterior, en la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, la SCJN establecía lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando que: Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos; que en todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia y es importantísimo destacar que se acordó que toda inacción e indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y discriminación, por lo que las personas responsables deberán ser sancionados(as). En estos tres casos, se revictimizó y omitió implementar una investigación con perspectiva de género, ocasionando impunidad y sobre todo, evidenciando la nula voluntad política de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, pese a los mandatos internacionales que así lo exigen. No daremos un paso atrás, por ellas y por todas seguiremos avanzando.