Luego de que la Mesa Directiva del Congreso del Estado instruyera a la Contraloría Interna a imponer sanciones contra ex funcionarios de la pasada Legislatura responsables de no entregar recursos públicos remanentes durante el proceso de entrega recepción, donde la investigación que realiza la Contraloría tiene que ver principalmente con el proceso de entrega - recepción dado que hay información en desorden de parte de la anterior Legislatura, por lo cual se acusa que la primera irregularidad detectada fue que no se registró la entrega de documentación por de su entonces titular, Edgar Sánchez González.

En este sentido el propio Edgar Sánchez González, en entrevista exclusiva para el espacio informativo de Érika Salgado, se defendió de las acusaciones y dijo que sí entregó toda la documentación correspondiente a las seis áreas de apoyo, además de la Junta de Coordinación Política que son quienes manejan los recursos del erario público y están involucrados en las irregularidades. 

Argumentó que no fue que hubiera deficiencias en el proceso de entrega – recepción sino que debido a que en ese entonces no se contaba con un manual de procedimientos, se decidió que se integrar de acuerdo a la ley los expedientes de las áreas mencionadas.

“Tenemos pruebas de que se les entregó a todos los diputados entrantes la documentación, a la Jucopo y a la actual Mesa Directiva de la nueva legislatura. En realidad es una ley nueva de aprobación desde julio del 2018, en donde se establecía la creación de un manual de procedimiento de entrega – recepción y que aún no es publicado por la actual legislatura”. 

El ex contralor interno sostuvo que tiene documentado que los diputados entrantes se les entregó toda los expedientes de la contraloría, que contenían investigaciones de temas delicados como los informes finales de la ASE con los dictámenes de las cuentas públicas 2017, las investigaciones por gastos de gestoría institucional, además las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto del uso de los recursos de los diputados de diferentes fracciones parlamentarias.

“Sí se entregaron y yo tengo copia de los expedientes que se entregaron… nosotros no lo perdimos. Yo creo que el proceso fue sano, lamento que a cinco meses de entrada la legislatura cuando la ley marca 30 días hábiles se emita un dictamen desafortunado, fuera de tiempo. La responsabilidad debía haber sido compartida, que si existía la previsión de un faltante pues inmediatamente nos hubieran requerido para aclarar las inconsistencias, pero cinco meses después yo no he sido notificado de manera formal en donde me requieran para aclarar un documento”, aseveró. 

Además reconoció que durante su cargo como Contralor Interno, sí encontró irregularidades en el uso de recursos de gestoría de exdiputados de la anterior legislatura, pero puntualizó que las competencias de investigar esos delitos era de la FGE y la ASE, que solamente la contraloría interna investigaba irregularidades administrativas o sanciones a funcionarios públicos. 

Dijo que en caso de ser requerido para la investigación por las autoridades correspondientes, aportará los medios de prueba necesarios para que se desahogue la investigación pero enfatizó que si fuese necesario establecería un juicio de amparo por la violación de sus derechos por los tiempos caducados de la Ley y la exageración en los argumentos de los diputados.