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06:30 viernes 10 agosto, 2018
PLUMAS NACIONALESEditorial EL UNIVERSAL / Débil, el sistema antilavado Para introducir al sistema financiero los recursos mal habidos, los grupos del narcotráfico ponen en marcha negocios “lícitos”: las famosas empresas fachada donde lavan dinero y tratan de eliminar dudas sobre el origen del mismo. La creación de compañías transcurre sin levantar sospechas en la autoridad. Ayer se conoció que el líder de la agrupación criminal La Unión de Tepito, Roberto Moyado Esparza El Betito —detenido el miércoles en la capital del país—, se hacía pasar por empresario restaurantero, con locales en Polanco, Roma y Condesa, y con planes de expandirse al sur de la ciudad. El presunto responsable de los hechos violentos que se han presentado en el área metropolitana en los últimos meses pudo adoptar la imagen de un empresario exitoso por la débil aplicación de controles y la escasa investigación para atacar las finanzas de las bandas delictivas. A pesar de que México cuenta desde 2013 con una ley que obliga a empresarios y particulares a informar a la Secretaría de Hacienda de operaciones sospechosas, entre ellas la venta de vehículos o de inmuebles realizadas con efectivo, no se percibe que esté rindiendo frutos en el combate al crimen organizado. En Estados Unidos, en cambio, de manera regular la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro, emite reportes para congelar cuentas y prohibir negocios con aquellos sospechosos de realizar actividades de narcotráfico. Los nombres de mexicanos aparecen de manera frecuente en sus informes, aunque en algunos casos terminan en pifias. En el país no se conocen ejercicios de ese tipo, a pesar de que hay áreas de inteligencia financiera. A principios de año, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) señaló que México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el lavado de dinero, pero la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley, en especial en los estados, daña su capacidad para investigar y castigar este delito. La conclusión apunta a un problema común: buenas leyes, pero una mala instrumentación. El combate al crimen podría tener resultados positivos si los distintos niveles de gobierno se coordinaran y aprovecharan la tecnología para indagar y actuar contra el lavado de dinero. La detección de recursos ilícitos en el sistema financiero se considera una herramienta fundamental para debilitar las finanzas de organizaciones delictivas, pero no está ocurriendo así. La GAFI indicó hace ocho meses dónde es necesario actuar, pero hasta ahora no parece que se hayan apretado las tuercas. Frentes Políticos
I. Manos a la obra. Apenas Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, salía de su segundo encuentro con Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, cuando el primer mandatario subió a su cuenta de Twitter: “Me reuní con el Presidente Electo @lopezobrador_, a quien le reiteré la disposición del Gobierno de la República de apoyarlo y colaborar para una transición eficiente y eficaz en beneficio de México”. Parecería muy escueto el mensaje, pero conlleva la convicción de trabajar por la salud de la nación. El vox populi, en su afán de darle explicación a todo, supone tratos, canjes, componendas, pactos secretos. Se trata sólo de hacer lo más eficaz posible la transición. Ya la historia y la justicia se encargarán de juzgar a los que se van y, sobre todo, a los que llegan. Que no nos van a fallar, dicen. II. País de instituciones. José Narro Robles, el secretario de Salud, durante su participación en la conferencia magistral Salud en México, señaló que “México es un país de instituciones y éstas son parte de su grandeza, porque no hay otro país en América Latina con esa base, y la salud es un ejemplo pródigo de instituciones...”. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, los cambios de gobierno en México han ocurrido dentro del marco constitucional y sin golpes de Estado, aseguró. Y así como a las instituciones, también urge adelgazar a la población. Sobrepeso y obesidad son el “problema muy, muy serio que tenemos”, advirtió. Más inversión en el sector salud, fue su propuesta. Sin duda será escuchada. III. Nadie se salva. Guanajuato, estado que “gobierna” Miguel Márquez Márquez, sigue escribiendo capítulos de novela negra. En León, Antonio La Tota Carbajal, el ídolo del futbol mexicano, tiene algo que celebrar, además de su fama y sus recuerdos, que sigue con vida. Y también que sus familiares no sufrieron daño, luego de que fueron víctimas de un robo con violencia dentro de su domicilio. “Ya eso de ir a levantar denuncias y todo, dije, ‘para qué me voy a agarrar enemigos’, ya lo que pasó, pasó y punto”, dijo a los medios el hombre de 89 años, gloria deportiva. Se llevaron todo lo de valor, hasta las medallas obtenidas cuando fue jugador de futbol. El mandatario guanajuatense también debe celebrar que La Tota está vivo. Qué cuentas entregaría si no… IV. A darle. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo considera necesario plantear una estrategia de pacificación en la que la educación sea parte central de la solución de violencia que ha vivido el país. Medardo Serna González, el rector, consideró que “la pacificación implica parar esos enfrentamientos que están dejando dolor, que están dejando odio, que están dejando muy lastimado a México, a miles de familias, pero también hay que construir la paz, y la construcción de la paz tiene que ver de manera fundamental con la educación”. Calificó de positivo el proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de vincular a las próximas autoridades con los sectores de la sociedad. ¿Y si comenzamos, por ejemplo, por pacificar la tierra caliente michoacana? Facilito, facilito… V. Siempre no. Después de una detención de película en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, Ilse Lucía “N”, esposa del alcalde Rafael Valencia Ávila, quedó en libertad tras ser acusada en primera instancia de participar en una banda de robo de combustible. En los careos se aseguraron miles de litros y varios vehículos. Sin embargo, con la exhibición de una garantía económica de únicamente 20 mil pesos, la esposa del edil recuperó su libertad, aunque con reservas. Para colmo, sólo está acusada de los delitos de portación de arma de fuego, de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo del Ejército. Ya ven por qué luego los casos se les caen.