La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del expresidente López Obrador, el pasado viernes en su mañanera. Pidió a la oposición y a los medios, que no lo molesten; que lo dejen descansar, pues; que se le permita estar tranquilo, sin cuestionamientos ni sobresaltos.
“Ya otra vez ayer vi que ‘narco presidente AMLO’… ¡ya déjenlo en paz!”, dijo la presidenta, quejándose de las críticas a su antecesor.
La realidad es que no se puede (ni debe) dejar en paz a quien heredó un país ensangrentado. No puede (ni debe) haber silencio en torno a quien dejó un legado de violencia e inseguridad, sin precedentes.
Vaya, si el propio AMLO no “dejó en paz” a Felipe Calderón por la guerra contra el narco y sus consecuencias, por qué él habría de gozar de un trato distinto. Los servidores y exservidores públicos están sujetos al escrutinio. Máxime si se trata de un expresidente. Sus decisiones, en tanto impactan la vida de millones, deben ser revisadas, analizadas y criticadas. No puede haber mantos de impunidad.
Durante el gobierno de López Obrador, la violencia escaló a su mayor nivel en la historia reciente; desapareció un mexicano por hora, en promedio. En ningún otro sexenio tantos mexicanos habían desaparecido: casi 60 mil. Durante el gobierno que se fue, hubo más de 200 mil asesinatos. El periodo de gobierno con más homicidios en el México contemporáneo. La herencia maldita no solo pasa factura a los mexicanos; es el legado con el que debe lidiar Sheinbaum y su gobierno.
La descomposición heredada mostró uno de sus rostros más crueles con el macabro hallazgo en Teuchitlán, Jalisco. En un campo de adiestramiento y exterminio, fueron localizados crematorios clandestinos, cuerpos enterrados, pertenencias y cientos de pares de zapatos abandonados, que hacen suponer lo peor. Hay testimonios que refieren que en el lugar podrían haber sido asesinadas miles de personas.
En el sitio se formaba al ejército del narco. Ahí se enseñaba a matar, a descuartizar cuerpos, a disolver restos en ácido e incinerar cadáveres. La estampa del horror retrata el drama que carcome al país. México se ha convertido en un enorme cementerio clandestino. Durante el sexenio de AMLO fueron localizadas casi 3 mil fosas.
¿Por qué cobijar a quien permitió tal descomposición? ¿Qué se gana haciéndolo?
La menos interesada en que se “deje en paz” a AMLO, debería ser la propia presidenta, quien encabeza, junto con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, una estrategia de combate al crimen muy distinta a la fallida de “abrazos, no balazos”. Ahora, como no se hizo durante los seis años previos, se persigue a los criminales, se realizan operativos y decomisos, y se destruyen laboratorios de fentanilo. Ahora sí se busca pintar una raya clara entre criminales y autoridad, como no se hizo en el sexenio pasado, cuando esa frontera se borró.
AMLO no puede irse impune. El daño generado sigue pasando factura. No podemos voltear la página y hacer como que no ocurrió lo que sí sucedió. En cualquier otro país, el responsable de tanta sangre debería ser llamado a cuentas. Sobre sus hombros pesa la descomposición del país y el contubernio entre crimen y gobierno.
Las instituciones difícilmente lo alcanzarán, pero nos queda la memoria y el periodismo, para no olvidar. Y para no repetir lo que nos trajo hasta aquí. Así que no, no hay que “dejar en paz” a AMLO y su gobierno.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
