Con el fin de buscar el reconocimiento al derecho a una indemnización patrimonial y/o extra patrimonial (moral) en beneficio de las víctimas de violencia intrafamiliar, y establecer los parámetros para la acreditación sobre la existencia de un hecho ilícito, un daño y el nexo causal, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que busca adicionar diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. Explicó que esta iniciativa busca adiciona el artículo 13 bis del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, y establece que “la víctima o víctimas de violencia familiar podrán demandar a su agresor por la reparación del daño patrimonial y/o extrapatrimonial, provocado como resultado del hecho ilícito”. Además, para efectos del presente artículo se deberá acreditar la existencia de un hecho ilícito, un daño y el nexo causal. También refirió que la violencia, además de ocasionar daños físicos y mentales es una proyección de desventajas estructurales dentro de los sistemas públicos y privados. “Quienes sufren violencia tienen un desarrollo limitado frente a quienes viven libremente y además, el miedo que siente la víctima frente a su agresor, restringe el desenvolvimiento adecuado en el ámbito social, político y económico”.

Dijo que por desgracia, la violencia suele presentarse principalmente en el núcleo familiar y esto provoca no solo daños visibles sino también inseguridad entre los miembros de la familia. “Si la familia es la base de las sociedades, se espera que sea un entorno sano y no perpetuador de hechos ilícitos. Así como el Estado tiene obligación de prevenir cualquier tipo de violencia, también tiene el deber de erradicarla y sobre todo el lograr una reparación integral”. La legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández consideró que, “quien vive violencia y logra salir de ella, se enfrentará a un mundo nuevo y para adaptarse tendrá que erogar recursos emocionales y económicos para subsanar un mal que la víctima no pidió. Por desgracia a la víctima la colocan involuntariamente en estado de desigualdad frente a los demás. Cabe señalar que esta iniciativa será analizada y discutida en comisiones para posteriormente ser dictaminada en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.