El gobierno de Venezuela se apresta a un proceso electoral para el que desde ahora se esfuerza por hacer las trampas necesarias que le garanticen una elección limpia. Sin candidatos creíbles al frente, el presidente Nicolás Maduro será fácilmente reelecto y podrá proclamarse como un mandatario demócrata. Sólo que no lo es. No lo ha sido. No lo será. Porque nadie que haya prestado la mínima atención a lo que ocurre en Venezuela puede interpretar las acciones gubernamentales como conducentes a unas elecciones libres el próximo 28 de julio, la fecha seleccionada luego de compromisos internos avalados por instituciones internacionales y gobiernos de otros países. Los llamados Acuerdos de Barbados, firmados en octubre de 2023, establecían el compromiso de gobierno y oposición venezolanos en torno a garantías electorales y derechos políticos, uno, y el otro a "la protección de los intereses vitales de la Nación". De hecho, la realización de esos comicios son una condición del gobierno estadounidense para levantar parte de sus sanciones económicas, especialmente las referentes a la venta de petróleo. Cierto. La intervención estadounidense puede tener buenas intenciones, pero es una táctica cuestionable y normalmente para consumo interno mientras brinda argumentos a gobiernos autoritarios que denuncian injerencias externas y "conspiraciones". Justo como lo hace el régimen de Maduro, heredero polÍtico del líder "bolivariano" Hugo Chávez (1999-2013), dueño de todos los instrumentos del poder en Venezuela y responsable de una debacle económica que ha expulsado a más de siete millones de personas en sus últimos seis años de gobierno. Pero en teoría un buen gobierno no debería tener problemas con la celebración de elecciones libres, a menos que no sea tan bueno y sospeche que la población no está conforme con su actuación, como parecería ser el caso del venezolano en este caso. En las últimas semanas el régimen de Maduro ha logrado la descalificación judicial de la candidata de oposición María Corina Machado, cuestionó los resultados de un referendo en el que ella salió triunfante, detuvo a una decena de sus principales colaboradores, arrestó a activistas de derechos humanos y expulsó en febrero a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por haberlo señalado. De acuerdo con el reporte al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno" y en 2023, se pasó de "un clima de temor e intimidación", a un periodo "que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio". El gobierno venezolano acusó a la misión de "revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible". Alguien dijo que los hechos hablan por sí solos. Y el gobierno venezolano suena como pato, camina como pato y luce como pato, pero dice que es pollo. Habrá que creerle... POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  [email protected]       @CARRENOJOSE