Quizá uno de los mayores problemas en el actual diferendo entre México y Estados Unidos por las acusaciones contra el gobernador Ruben Rocha Moya, es que el gobierno mexicano quiere verlo como un tema político mientras la demanda estadounidense es tanto procedural como política.

Para el gobierno mexicano, se trata de un caso en el que se pone a prueba la soberanía y tiene sobre todo ribetes políticos contra el actual partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pero sin negar que el momento de la demanda estadounidense tenga o pueda tener consideraciones políticas, el caso Rocha Moya no es uno que se haya armado específicamente con esos fines. Tiene meses, sino años, en desarrollo. Y de acuerdo con la parte acusadora, no es el único.

Peor aún, es probable que las autoridades estadounidenses tengan las pruebas para sostenerlas. 

Hay demasiada información, demasiadas anécdotas alrededor del tema, a partir incluso de las visitas amedrentadoras de sicarios para evitar que la gente fuera a votar en las elecciones para gobernador hace cinco años. Hay demasiadas coincidencias y de paso se pueden mencionar nombres como los de Joaquín "El Chapo" Guzmán, de Ismael "Mayo" Zambada y algunos de sus familiares entre los posibles informantes.

Pero al mismo tiempo, en un estado como Sinaloa, y posiblemente otros, ¿sería posible que un mandatario estatal y su gobierno pudieran existir, o funcionar, sin tomar en consideración o incluso tener contacto con los cárteles?

Ciertamente las pruebas deben ser presentadas y evaluadas. No pueden, ni deben, ser desechadas a priori.

Porque de creer a los propios estadounidenses, sus indagaciones en torno a los vínculos entre narcos y funcionarios mexicanos tienen décadas, desde antes incluso del asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena en 1985, por orden de Rafael Caro Quintero, con aparente conocimiento de agentes de la entonces existente Dirección Federal de Seguridad y según algunas versiones nunca confirmadas, del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

El asesinato de Camarena llevó a la humillante práctica de "certificación" de la colaboración mexicana antidrogas a fines de los años 80, que fue terminada por decisión del presidente George H.W. Bush (1988-1992).

Pero al mismo tiempo no puede dejar de hacerse hincapié en las formas políticas usadas por el gobierno del presidente Donald Trump en América Latina, descritas por el analista James Bosworth a partir del viejo refrán: "Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley".

La aplicación más visible fue el arresto/secuestro del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas, el tres de enero.

Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado colaborar, pero mantener su autonomía, los planes de Trump para América Latina son de control absoluto.

Así que puede creerse que la acusación es cierta, pero su momento es político. Y pone al gobierno mexicano en una situación muy incómoda.