Una parte importante de los estados de la República decidió eliminar el pago de la tenencia vehicular o exentarlo bajo ciertas condiciones. Lo que se presentó como un gesto de cercanía con la ciudadanía fue, en realidad, una medida electorera para ganar votos.

Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comandada por Édgar Amador Zamora, lo califican como uno de los errores fiscales más graves cometidos por los gobiernos estatales en las últimas décadas.

El problema es estructural: al ser un impuesto local, no hay cifras consolidadas de cuánto dinero se dejó de recaudar.

Cada entidad federativa aplicó subsidios y condonaciones distintas, lo que hizo imposible medir el impacto global, aunque el boquete en las finanzas estatales es evidente.

La tenencia nació en 1962, bajo el expresidente Adolfo López Mateos, para financiar los Juegos Olímpicos de 1968. Lo que debió ser temporal terminó extendiéndose durante décadas. Fue hasta 2010 cuando algunos estados reformaron sus leyes y la eliminaron.

Hoy, en 2025, el gobierno de Clara Brugada, en la CDMX, ofreció un descuento de 100% a quienes pagaran el refrendo antes del 31 de marzo, siempre que el vehículo no supere los 250 mil pesos y no existieran adeudos previos.

En el Estado de México, que gobierna la morenista Delfina Gómez, se aplicó lo mismo, aunque con límites mayores: 550 mil pesos para autos y 115 mil para motos.

Otros estados como Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Puebla, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Chiapas, Campeche y Nayarit optaron por eliminarla de forma definitiva.

La paradoja es clara: lo que fue un alivio para los automovilistas se tradujo en un daño mayor a las finanzas públicas.

Los recursos que ya no entran por tenencia terminan recuperándose vía impuestos indirectos, encareciendo productos y servicios. Es decir, lo que los ciudadanos dejaron de pagar por su vehículo, lo terminan pagando en la tienda.

Mientras tanto, los gobernadores que se colgaron la medalla política por mantener la exención del impuesto, ahora estiran la mano para pedir más dinero a la Federación.

Y es aquí donde entra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reforzar la recaudación a través de impuestos especiales en productos como las bebidas endulzadas, un costo que pagarán –directa o indirectamente– los mismos que alguna vez se libraron de la tenencia vehicular.

Los datos no mienten: tan sólo con el impuesto a los refrescos el gobierno prevé una recaudación extra de 41 mil millones de pesos.

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A PROPÓSITO DE RECURSOS federales, en el análisis del Paquete Económico 2026, Morena y sus aliados amenazan con no mover un ápice a la propuesta de imponer un gravamen especial a las bebidas endulzadas.

Por el contrario, existe la posibilidad de aplicar un impuesto a las bebidas energizantes, iniciativa que fue planteada por legisladores que comanda Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados.

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EN EL GOBIERNO FEDERAL se prendieron las alertas por los conflictos que está enfrentando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la incapacidad del rector, Leonardo Lomelí, para apagar el fuego en 28 planteles, escuelas y facultades.

El asesinato de un alumno en el CCH Sur fue la gota que derramó el vaso de una serie de inconformidades e irregularidades que se han presentado en la máxima casa de estudios y no hay poder humano que ponga un alto.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Los políticos reparten promesas con una mano, pero te vacían los bolsillos con la otra”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ