El Gobierno del Estado liquidó un adeudo pendiente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por una cantidad superior a los 200 millones de pesos. El pago, concretado garantiza un cierre de ejercicio tranquilo para la casa de estudios. La información fue confirmada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien detalló que la transferencia de más de 200 millones de pesos se realizó a las 10:53 de la mañana, saldando "de forma total, absoluta y plena" las diferencias de pago.

Torres Sánchez explicó que el conflicto financiero no fue resultado de una irresponsabilidad institucional directa, sino de un desfase en los tiempos de presupuestación. La diferencia se originó porque la cantidad presupuestada por el Congreso del Estado en diciembre fue inferior al monto final acordado en el convenio de colaboración institucional que se firma hasta enero entre el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación Pública y la UASLP.

Para evitar que esta situación se repita, el gobernador Ricardo Gallardo ya instruyó una estrategia de prevención.

"Tomando en consideración la cantidad que se eroga en este 2025, se parte de ahí hacia delante para el próximo ejercicio que sería el 2026. Yo creo que con esto estamos nosotros prácticamente evitando un desgaste institucional de señalamientos innecesarios".

Garantizan Arranque de Año sin Problemas de Liquidez

El funcionario también brindó certeza respecto al inicio del ejercicio fiscal 2026, debido a que la UASLP debe iniciar el año en ceros y no está sujeta a la obtención de créditos.

Según Torres Sánchez, el Ejecutivo estatal coadyuvará para que la universidad pueda obtener un crédito puente que le permita operar en los primeros meses del año, mismo que la UASLP "termina haciendo la devolución de ese numerario" alrededor del mes de marzo, una práctica que ha sido común y responsable en los últimos años.

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La resolución busca garantizar que la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, maestros y padres de familia, tengan la tranquilidad de que la institución "va a poder seguir operando" y no será necesario recurrir a paros o conflictos sociales.