El presidente Donald Trump ha impuesto un estilo de gobierno de presión constante, creciente, contra sus adversarios, especialmente los internos.

No solo es un método de negociación, afinado desde sus días como empresario, sino una forma de ser que se traduce en un estilo autoritario.

Y los ejemplos abundan: burócratas, medios de comunicación, universidades, grandes empresas, bufetes de abogados, gobiernos estatales o municipales demócratas.

El reciente despido de Erica McEntarfer, encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), luego de un reporte mensual que informó que la creación de empleos había sido más lenta que lo que había informado previamente, lo llevó a denunciar que estaban "manipuladas" para perjudicarlo.

Ahora nombró a un nuevo funcionario que ofreció dejar de publicar datos mensuales sobre la situación del empleo, pese a que son considerados como una herramienta económica importante.

Los datos propios lo llevaron a determinar que los delitos violentos en la ciudad de Washington, un bastión demócrata, estaban fuera de control -uno de sus colaboradores fue asaltado- y movilizó a la Guardia Nacional para ponerla en orden, aunque las autoridades locales y las estadísticas mostraban una realidad contraria.

Pero el seis de enero de 2020 no tuvo problema con que el edificio del Capitolio y la policía local fueran atacados por sus partidarios.

Nada parece estar fuera de las miras o las ambiciones del mandatario y de sus aliados, que lo proveen con blancos y con soluciones propias, derivadas de las ideas que en términos más generales delineó Trump como sus objetivos.

¿Expulsar residentes indocumentados? La solución va más, mucho más allá de las propuestas informales. Ahora implican la creación práctica de un estado autoritario donde, al menos de acuerdo con una petición a la Suprema Corte, la policía pueda detener a alguien porque hablar español o parecer latino lo hace sospechoso de ser indocumentado.

Y en ese marco surgen ideas que sirven tanto para halagar al mandatario como para mostrar el propio compromiso, como el campo de detención bautizado como "Alcatraz de los caimanes" creado en los pantanos de Florida por el gobernador Ron DeSantis y del que hay quejas por abusos y maltratos.

En lo que parece una ironía suprema, es el mismo gobierno que el martes reveló su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, más que nunca, usar criterios políticos para calificarlos en el resto del planeta: critica a Brasil y Sudáfrica, a los que considera adversarios, pero baja el tono respecto a lo que sucede en El Salvador e Israel, a los que ve como aliados.

El presidente Trump parece determinado a gobernar y tomar decisiones de acuerdo con sus propios datos y las opiniones de sus simpatizantes.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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