Con los constantes cambios de aspirantes a candidaturas de un partido político a otro, se prevén impugnaciones por parte de los partidos políticos, si los aspirantes no cumplen con lineamientos de registro o normativas electorales y se presentan impugnaciones, el Tribunal Electoral “tendrá que resolverlos”, comentó la magistrada Denisse Porras Guerrero. En el contexto de un periodo de intercampañas muy litigado y con desbandadas y cambios de militantes de partidos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la magistrada refirió que el derecho electoral es cada vez más amplio y cualquier persona que sienta que se vulnera su derecho político-electoral respecto a los cambios de militancia de algún partido político y de ideología, o bien, se infringe una normativa de órganos o institutos electorales “tenemos la competencia para actuar y poder dirimir”. Porras Guerrero reiteró que el Tribunal es respetuoso de los procesos internos de los partidos políticos, los aspirantes y el proceso que tienen que seguir para las candidaturas y sus registros ante la autoridad administrativa electoral. Sin embargo, el Tribunal Electoral si tiene la competencia de revisar la actuación de estos dictámenes en cuanto al registro de los partidos y si surge una impugnación, actuarán conforme a ello, no obstante, se tienen que esperar a que lleguen los tiempos que marca el calendario electoral para ver si pueden ser impugnados o no. “Todos los procesos electorales son inéditos, tendremos que esperar los tiempos para ver si se impugnan o no”, subrayó. Finalmente, sobre los procesos de reelección de candidatos a cargos públicos ante los recientes juicios que se han suscitado por parte de aspirantes a reelección, la magistrada informó que “se considera excesivo y anticonstitucional” el que sea obligatorio separarse del cargo, ya que con la reelección, el objetivo es saber si la ciudadanía volvería a otorgar confianza al candidato. Por lo que el Tribunal ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que revocara esos lineamientos para que sea optativo.