El trabajo infantil continúa siendo una problemática persistente en San Luis Potosí y tiende a incrementarse durante las temporadas vacacionales, particularmente en diciembre, cuando niñas, niños y adolescentes salen a las calles ante la suspensión de clases y la presión económica que enfrentan muchas familias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI, en San Luis Potosí el 14.4% de la población de 5 a 17 años realiza algún tipo de trabajo, cifra que supera la media nacional del 13.1 por ciento. Esto coloca a la entidad entre los estados con mayor incidencia a nivel país, reflejando una problemática estructural que se agudiza en periodos de alta actividad comercial. Dentro de este universo, el 7.6% de las y los menores se encuentran en ocupaciones no permitidas por la ley, mientras que el 7.1% realiza trabajos considerados peligrosos, es decir, actividades que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo integral. A ello se suma que el 8.1% de menores en el estado realiza quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, también contemplados dentro de la medición de trabajo infantil. En el ámbito local, diagnósticos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes han identificado más de 6 mil 700 casos de menores trabajando en la vía pública durante los últimos dos años, principalmente en actividades informales como venta ambulante, servicios y comercio, sectores donde la presencia infantil se vuelve más visible en fechas decembrinas. Autoridades y reportes locales coinciden en que durante las vacaciones escolares se registra un repunte en la presencia de menores en cruceros, calles y zonas comerciales, especialmente en niñas y niños de entre 10 y 14 años, quienes suelen apoyar el ingreso familiar o cubrir necesidades básicas. A nivel nacional, el INEGI estima que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, lo que evidencia que se trata de un fenómeno extendido en el país. En el caso de San Luis Potosí, los datos confirman que las temporadas decembrinas representan un periodo crítico, en el que la falta de supervisión escolar y las presiones económicas incrementan el riesgo de que menores vean vulnerados sus derechos.