Por mayoría de tres votos a dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emite este miércoles que instituciones y servidores públicos en todo el país, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, sí pueden hacer promoción del voto y participación ciudadana en la elección judicial del 1 de junio próximo, pero sin romper con los principios de equidad y neutralidad previstos en la Constitución.

El TEPJF resolvió este miércoles 44 asuntos, todos promovidos por autoridades y políticos ligados a Morena, quienes impugnaron un acuerdo mediante el cual el INE se arrogó la facultad exclusiva de promover el voto y participación ciudadana en el citado proceso electoral.

Hubo dos proyectos conjuntos de sentencia, uno presentado por el bloque mayoritario que conformaron los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes; y la presidenta Mónica Soto, está última, incluso, se mofó de la postura de los magistrados que quedaron minoría, Reyes Rodríguez y Janine Otálora Malassis, a cargo del segundo proyecto.

Magistrada se mofa de proyecto para no promocionar la elección judicial

Soto se dijo sorprendida y hasta contrariada sobre la postura de la minoría que pidió confirmar el acuerdo del INE.

Para la magistrada, esta postura está enfilada a que la elección judicial “que otorga más derechos al ciudadano” quede como un secreto, sin que nadie se entere de su realización y, por tanto, que sea una elección silenciosa.

“Les voy a decir un secreto, va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie”, aseguró la magistrada Soto al iniciar su intervención.

“Pareciera que parte de una de las propuestas que se está presentando hoy estaría posicionando esta visión, habrá un proceso electoral, habrá elecciones por primera vez, hay más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo, nadie puede decir lo más que el INE”, ironizó.

Dijo que la postura mayoritaria no está buscando “darle la vuelta” a la Constitución, sino dar viabilidad al proceso extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. “Silenciar a la ciudadanía va en contra de la democracia”, acusó.

‘Una democracia sin información es una democracia vacía’

El magistrado Felipe Fuentes dijo que la prohibición para que instituciones y servidores públicos puedan promover el voto y la participación ciudadana es desproporcionada y va en contra de todo régimen democrático

Destacó que no se puede interpretar una norma creada para evitar abusos como si fuera una norma diseñada para imponer el silencio, pues aseguró que promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña.

“Una democracia sin información es una democracia vacía”, argumentó y evocando la idea del pueblo como el soberano, dijo que se busca que haya una participación de ciudadanos informados.

“Todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de este. Negarle al pueblo la posibilidad de informarse a través de sus instituciones equivale a negarle el ejercicio pleno de esa soberanía... la Constitución exige imparcialidad, pero no silencio absoluto, exige legalidad, pero no exclusividad injustificada, y exige una democracia abierta, informada y participativa”, remató.

El magistrado De la Mata, ponente del asunto presentado por el bloque mayoritario, dijo que hay una resistencia y temor a la difusión de la elección judicial por un tabú vigente que viene de la historia en las elecciones del siglo XX. “Este tabú no puede ser el que rige a una elección tan diferente”.

Promoción de la elección judicial implica el uso de recursos públicos

El magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otálora, pidieron en su proyecto confirmar el acuerdo del INE y dejar a dicha autoridad la facultad exclusiva de prócer el voto y la participación ciudadana en la elección judicial.

Su argumento se centra en que la participación de servidores públicos en la promoción del voto y participación ciudadana, implica el uso de recursos públicos.

Estima que, si bien la elección judicial tiene características distintas a las elecciones tradicionales, los principios fundamentales inscritos en la Constitución se mantienen y hay que preservar su vigencia.

Estima que el uso de recursos públicos representa un acto ilegal.

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“No es una restricción creada por el INE, sino que se trata de un mandato que viene en la propia Ley electora, sin que hay algún argumento que la desvirtúe”, justificó Janine Otálora y agregó que su propuesta está alineada al mandato constitucional que busca evitar injerencias indebidas en el proceso.

Con información de El Financiero