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La Estafa del Siglo y el Desmantelamiento del Estado de Derecho
00:02 viernes 1 noviembre, 2024
Colaboradores
En los últimos meses, la reforma judicial ha suscitado un debate intenso en México debido a su impacto en el sistema de justicia y el estado de derecho. Tristeza absoluta ver a los Ministros de la Suprema Corte dejar posiciones que, al tiempo, serán complicadas de recuperar. Entre renuncias y berrinches, aparece una puntada jurídica, la insolencia descarada en la adición de la “supremacía constitucional,” promovida por el partido Morena, expone al país enfrentando un peligroso precedente que busca impedir la revisión judicial de cambios constitucionales. Esta reforma no solo afecta la división de poderes, sino que también trae implicaciones profundas para la economía, con posibles efectos negativos en la inversión extranjera, la estabilidad macroeconómica y la confianza en el país como destino de capitales. Acompáñeme a conocer esta triste historia, un análisis de diferentes puntos jurídicos y económicos de esta reforma, valorando las consecuencias de una medida que, en la práctica, socava el control judicial y amenaza con debilitar el marco democrático de México. La reforma judicial y la inclusión de la "supremacía constitucional" plantea un reto significativo a los principios de división de poderes y control judicial. En términos constitucionales, el artículo 133 de la Constitución establece que ninguna ley o reforma puede contradecir los principios básicos de la Carta Magna, y que los jueces deben actuar en consecuencia. Sin embargo, al prohibir el juicio de amparo contra cambios constitucionales, el Congreso parece intentar “blindarse” ante cualquier revisión judicial. Este cambio no solo impide que los ciudadanos cuestionen el impacto de las reformas constitucionales, sino que representa una vulneración directa al derecho de defensa jurídica consagrado en los derechos humanos internacionales, específicamente en el Pacto de San José de Costa Rica. La supremacía constitucional propuesta desconoce la existencia de un control de constitucionalidad y convencionalidad. El control judicial es un pilar que garantiza que las reformas mantengan coherencia con los derechos y principios fundamentales; la restricción del amparo contradice el principio de protección a los derechos humanos, que garantiza que cualquier reforma debe ser impugnable si vulnera los derechos fundamentales. México queda en en una posición cuestionable ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como mal mayor… el menor es ser el hazme reir de cualquier pensante. Uno de los elementos más preocupantes de la reforma es su evidente trasfondo político. Los impulsores de la iniciativa, entre ellos Morena y sus aliados, han defendido la medida como una forma de “rescatar el poder soberano” de la nación. En la práctica, esta medida busca concentrar el poder en el Legislativo, permitiendo cambios constitucionales sin el escrutinio judicial. En un análisis de la Barra Mexicana de Abogados, se señala que la prohibición de amparos contra reformas es una herramienta para debilitar el sistema de contrapesos. Al eliminar el derecho de revisión judicial, el Congreso se posiciona como una entidad con poder absoluto para modificar la Constitución sin frenos institucionales. La modificación plantea una posible deriva autoritaria. Es simple: cuando un partido concentra el poder sin oposición, se elimina la posibilidad de una democracia plena. Esto crea un riesgo real de erosión democrática, como se ha visto en países de América Latina, y podría detonar una crisis constitucional. El debilitamiento del estado de derecho ahuyenta la inversión extranjera y afecta la confianza de los mercados en México. Varios estudios económicos han evidenciado que el estado de derecho es uno de los factores más importantes para la inversión y el crecimiento económico. México ha sido un destino atractivo para la inversión extranjera gracias a sus tratados comerciales y estabilidad jurídica. Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Fitch Ratings, la falta de control judicial disminuye la confianza en el cumplimiento de contratos y en la capacidad del país para ofrecer garantías legales a los inversionistas. Se estima que la inversión extranjera podría caer hasta un 12% anual debido a la incertidumbre. Según un estudio de BBVA Research, la inversión extranjera representa alrededor del 30% del crecimiento económico en sectores como manufactura y servicios. Un descenso en la IED impactaría de forma negativa en el PIB, reduciéndolo hasta un 1.5% para el próximo año, lo que agravaría la situación económica en un contexto de inflación elevada y bajo crecimiento. Para entender el impacto potencial de la reforma, es útil mirar los efectos que decisiones similares han tenido en otros países de la región. En Venezuela, la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del sistema judicial han contribuido a una crisis económica de dimensiones históricas. La eliminación de contrapesos judiciales permitió que el gobierno de Hugo Chávez implementara cambios constitucionales sin oposición, lo que llevó a una erosión del estado de derecho y provocó una caída del 80% en la inversión extranjera. En Argentina, el debilitamiento de las instituciones judiciales bajo gobiernos autoritarios resultó en una inestabilidad que incrementó el riesgo país y elevó los costos de endeudamiento. Un análisis de Moody’s muestra cómo la pérdida de confianza en el sistema judicial ha aumentado las tasas de interés y ha restringido el acceso a financiamiento, generando ciclos de recesión prolongada. La reforma también tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos. Con menos inversión y menor crecimiento económico, el empleo se verá afectado. De acuerdo con datos del INEGI, una disminución del 10% en la IED se traduce en la pérdida de aproximadamente 200,000 empleos en sectores clave como manufactura y servicios. Según un reporte de la CEPAL, el crecimiento económico es clave para reducir la pobreza. La posible recesión económica generada por la falta de inversión podría elevar la pobreza en hasta un 8% en los próximos cinco años, dejando a millones de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad. Así las cosas, para los que pensaban que Venezuela era una exageración… ¡abran bien los ojos! #GlobalMedia #Economia #México #MaizTransgénico SOBRE LA FIRMA Columnista en #Globalmedia desde el 2018
Escribe sobre economía y política nacional e internacional.
Economista, Doctor en Adminstración con experiencia en Mercados Financieros.