México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2022: San Luis Potosí en el que se hicieron recomendaciones para elevar la calidad de sus resultados y se dio seguimiento al avance de los compromisos que las autoridades hicieron en años previos.

De acuerdo con el Índice de Impunidad, una medición elaborada ex profeso para Hallazgos, el 98.6% de los delitos investigados quedó impune en la entidad en 2022, 2.3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 96.3%. Al medir la impunidad por delito, el reporte muestra que narcomenudeo (99.9%), violencia familiar (99.8%), despojo (99.50%) y robo simple (99.48%) reportaron los mayores índices. Para los delitos de secuestro y feminicidio, la impunidad es ligeramente menor, con 90.48% y 90.5%, respectivamente. 

“Llamamos a las autoridades a dar continuidad a los esfuerzos que han emprendido en materia de violencia familiar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, así como a la implementación y el seguimiento desde la ciudadanía del plan de persecución penal, el cual deberá traducirse en una paulatina reducción en los índices de impunidad de los delitos que más impactan a la sociedad, como homicidio, secuestro o desaparición”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. 

Por otra parte, en el diálogo se discutió el hecho de que en San Luis Potosí ocho de cada 10 personas acusadas de un delito siguen su proceso penal en prisión, ya que en el 60.7% de los casos se impuso la prisión preventiva oficiosa, en el 17.4% prisión preventiva mediante justificación de riesgo procesal, y sólo en el 21.9% de los casos se otorgaron medidas cautelares que permitieron que la persona acusada siguiera su proceso en libertad.

Según Hallazgos, a pesar de la tendencia a la baja, el 41% de las audiencias fueron pospuestas en San Luis Potosí durante 2022, proporción superior al promedio nacional, de 22%. En cuanto a la duración de los procesos penales por juicio oral, la entidad presenta una extensión considerable, con un promedio de 548 días, tiempo mayor al promedio nacional de 484 días y al plazo previsto en la Constitución, de un año.