San Luis Potosí, es una de las cinco entidades de la República que menos utiliza los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), los cuales buscan propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias resultantes de un hecho delictivo, con base en principios de oralidad, confidencialidad y economía procesal. Si bien uno de los efectos derivados de su uso puede ser la reducción de la congestión ministerial, su propósito se dirige hacia la solución de los conflictos de trascendencia penal. Mientras que, en 2020 la media nacional de los casos que se resuelven por medio de MASC, fue del 6.1%, los estados que menos aprovecharon estos mecanismos fueron la Ciudad de México (0.2%), Chihuahua (0.4%), Estado de México (0.4%), Campeche (0.9%) y San Luis Potosí (2.5%) Y aunque el informe de México Evalúa aclara que no cualquier caso es susceptible de derivación a estos mecanismos. No lo son, por ejemplo, aquéllos en los que la persona imputada haya celebrado anteriormente acuerdos por hechos dolosos que correspondan a los mismos delitos dolosos, los casos de violencia familiar, y aquéllos en los que proceda la prisión preventiva oficiosa. Sí es factible para otro tipo de delitos o imputaciones menores, ya que no implica únicamente la descongestión y eficiencia procesal, sino que involucra también el beneficio de reparar el daño a la víctima y de reducir la pérdida de libertad para las personas imputadas. El documento cuestiona si la falta de aprovechamiento de estos mecanismos se debe al limitado aprovechamiento, la falta de políticas de persecución y criterios claros para los operadores y/o si la ciudadanía no ha contado con la suficiente información sobre su existencia y alcances. Pues en SLP, únicamente el 0.35% de las víctimas tuvieron medidas integrales de reparación del daño o afectaciones sufridas por un delito por medio de medidas integrales de reparación.