San Luis Potosí, SLP.- A casi cinco años de la detención de Gabriel Alan “Gabo” Salazar Soto, el caso Invercorp continúa atrapado en un laberinto judicial. No existe una sentencia firme, los afectados no han recuperado su dinero y la única condena que se había dictado fue anulada en 2025. Mientras tanto, tampoco existen denuncias penales conocidas presentadas por el Gobierno del Estado por los presuntos actos de corrupción con los que Salazar fue relacionado durante el pasado sexenio en la Secretaría de Salud, da a conocer Ciudadanos Observando.

El resultado es difícil de explicar a las víctimas: han pasado años, existen cientos de afectados, se habla de un fraude superior a los 100 millones de pesos y, aun así, el proceso prácticamente volvió al punto de partida.

Gabriel Alan Salazar fue detenido el 16 de diciembre de 2021 y enviado al penal de La Pila acusado de fraude genérico y asociación delictuosa. Las denuncias comenzaron desde 2020 por parte de inversionistas que entregaron recursos a Invercorp Capital Financial, del Grupo Infinite, bajo la promesa de recibir rendimientos que finalmente dejaron de pagarse.

En su momento se habló de más de 800 personas afectadas y cantidades superiores a los 100 millones de pesos, resalta la organización. Sin embargo, después de casi cinco años, todavía no existe una resolución definitiva que establezca responsabilidades y garantice la reparación del daño.

El proceso incluso llegó a tener una sentencia condenatoria. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejó sin efectos esa resolución y ordenó reponer parte del juicio.

La Sala determinó que el Tribunal de Enjuiciamiento debía volver a pronunciarse sobre aspectos relacionados con la presunción de inocencia y la posible coautoría en los delitos imputados.

En términos sencillos: la condena desapareció y el juicio tuvo que regresar a una etapa anterior para volver a resolver prácticamente lo mismo.

Las víctimas intentaron combatir esta decisión mediante el amparo 1509/2025, pero tampoco tuvieron éxito. El 28 de enero de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito sobreseyó el asunto sin analizar el fondo, al considerar que la reposición del juicio no representaba un acto de imposible reparación.

Para los afectados, el resultado fue devastador: después de años esperando justicia, la sentencia obtenida dejó de existir y el procedimiento volvió a comenzar.

La revisión de al menos nueve expedientes de amparo correspondientes a 2025 y 2026 muestra una intensa estrategia jurídica encabezada por Gabriel Alan y su hermano Jonathan Alfonso Salazar Soto.

Tan sólo Gabriel Alan ha promovido recursos relacionados con su prisión preventiva, solicitudes para modificar su medida cautelar, falta de respuesta a escritos, designación de defensor y otras actuaciones judiciales.

Entre junio y septiembre de 2026 aparecen al menos siete juicios de amparo relacionados con ambos hermanos ante diferentes juzgados federales de San Luis Potosí.

El uso de estos recursos constituye un derecho de cualquier acusado. Sin embargo, su acumulación ha provocado que el proceso transite entre suspensiones, reposiciones, recursos y conflictos judiciales sin llegar a una conclusión definitiva.

Jonathan Alfonso Salazar también permanece privado de la libertad y ha promovido diversos amparos.

Su situación incluye un problema de salud delicado. En expedientes presentados durante agosto y septiembre de 2026 reclamó que no se le garantizaba adecuadamente un tratamiento que requiere dos veces por semana.

Un juzgado federal concedió una suspensión para garantizar que recibiera atención médica integral y oportuna. Incluso existen registros de su traslado bajo custodia al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

El 31 de agosto de 2026 se celebró finalmente la audiencia para reponer el fallo del juicio oral y se fijó una nueva audiencia para el 21 de septiembre, además de una revisión de la medida cautelar.

Es decir, casi cinco años después de la detención, el tribunal apenas volverá a pronunciarse sobre la responsabilidad penal del principal acusado.

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Para los inversionistas afectados, la realidad es mucho más sencilla que cualquier explicación jurídica: entregaron su dinero, denunciaron, esperaron durante años y todavía no existe una sentencia firme ni reparación del daño, finaliza.