En México, 7 de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrió de tortura, tratos crueles o degradantes, al menos en una etapa de su proceso, y de ellas 3 de cada 10 refirió haber sido víctima de tortura sexual. La autoridad que más comete el delito son los policías de investigación en un 40 por ciento, seguidos por los municipales en un 20 por ciento y estatales en un 16 por ciento, en tanto, elementos de las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) un 13 por ciento. Esto de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, dado a conocer este lunes por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. "Digo que más allá de los datos y de las estadísticas que este diagnóstico arroja da cuenta de la verdad de un problema que existe en nuestro país, que no ha sido posible erradicar y que lamentablemente se presenta en todas las fases del proceso en que las mujeres expuestas a una condición de violación a la ley están expuestas”, agregó. Según el documento, en nuestro país hasta noviembre del año pasado, cuando se elaboró el estudio, había 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad distribuidas en 21 centros penitenciarios femeniles y 124 cárceles mixtas. La muestra para el estudio se basó en mil 280 entrevistas e información proporcionada por fiscalías estatales, las comisiones de derechos humanos locales y la nacional, así como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y el Instituto Nacional de Migración. "De las conclusiones en este diagnóstico se van a encontrar 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas que, más allá de que se tenga autonomía o no por parte de las fiscalías, deben ser atendidas como corresponde a una sentencia de la Corte, desde los temas básicos para que las fiscalías de los estados y la General de la República emprendan acciones penales contra los servidores públicos que han cometido estos ilícitos hasta la obligación de las fiscalías de garantizar que existan médicos legistas con perfil de género”, subrayó.  

CASO ATENCO, ANTECEDENTE Y SIN JUSTICIA

La construcción de este diagnóstico nacional tiene como antecedente los hechos ocurridos en mayo de 2005 durante un operativo de elementos de la policía del Estado de México en San Salvador Atenco y Texcoco, que fueron del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una denuncia de 11 mujeres víctimas. En su sentencia de 2018, la Corte responsabilizó al Estado mexicano por las violaciones de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, en perjuicio de estas mujeres contra quienes agentes policiales utilizaron ilegítima e innecesariamente la fuerza para reprimir las manifestaciones contra la construcción del aeropuerto internacional. El Tribunal también concluyó que 7 de ellas fueron sometidas a diversas formas de abuso sexual, incluyendo violación por lo que ordenó la reparación del daño y el acceso real a la justicia. Presente en la conferencia ofrecida en la dependencia federal, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual por el caso Atenco, advirtió que a más de tres lustros de los hechos no ha llegado la justicia para ella y sus compañeras víctimas. Demandó que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso para llegar hasta los responsables del operativo y los elementos que cometieron estos delitos.   "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció al respecto, tenemos 16 años en lucha en la exigencia de justicia y la justicia que no llega en su momento es injusticia. "El Estado de México a través de su fiscalía no ha dado ninguna luz de una investigación imparcial, diligente que nos haya dado acceso a la justicia, por eso nuestra insistencia de la Fiscalía General de la República atraiga el caso y lleva a cabo la investigación”, señaló. Por su parte, Norma Jiménez Osorio, también víctima de tortura sexual durante el caso Atenco, lamentó que a 15 años de estos hechos sigan ocurriendo este tipo de agresiones.  "Y la cosas aquí que me parece es muy importante señalar es que no tenemos idea de la magnitud del daño que puede causar la tortura sexual y lo grave que es que esta práctica haya seguido todos estos años porque no nació el día que nos detuvieron, esto ya estaba ocurriendo”, dijo.   La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que la violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, y concluyó que el trato que las y los médicos dieron a las 11 mujeres víctimas del presente caso constituyó un elemento adicional de la violencia sexual a la que fueron sometidas, que a su vez constituyó un trato cruel y degradante.

DIAGNÓSTICO

Las etapas que estudia Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, son el arresto y el traslado, la estancia en el Ministerio Público, el arraigo y la estancia en el centro penitenciario, así como el juicio.   Los estados donde más se han registrado estas denuncias son: Estado de México, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua. Las agresiones más comunes fueron las patadas, manoseos, golpes en senos, glúteos o genitales y la violación, además de agresiones psicológicas e insultos. En el caso de las edades de las víctimas, el 68% tenían de 20 a 39 años de edad, el 62% contaban con educación básica, el 95% estaban ocupadas previo a su detención, en tareas del hogar y/o estudiando. 73% eran jefas de familia, el 84% tienen hijos, 12% eran mujeres indígenas.  El 50% de las mujeres fueron detenidas en espacios públicos, el 36% en sus hogares y el 10% en sus trabajos. Elevado el porcentaje de mujeres que no fueron informadas de sus derechos con el 81% y el 65% no fue informada del delito por la que la detuvieron. Los delitos por las que las acusan: homicidio, secuestro, robo y delitos contra la salud. Sobre el tiempo entre la detención y la presentación ante el MP el 33 por ciento tardó entre 4 a 24 horas.

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Con información de Excélsior