La presidenta Sheinbaum no le huye a la crisis por Teuchitlán, aunque otros se esconden para sortearla. De hecho, es de las pocas que ha decidido entrar al tema de manera frontal. Ante el drama heredado por su antecesor, en cuyo sexenio desaparecieron más mexicanos que en cualquier otro, reconoció la problemática, habló de fallas y omisiones, delineó una nuestra estrategia y presentó distintas propuestas para fortalecer el sistema de búsqueda. Y frente a los testimonios que relatan horrores en el rancho Izaguirre, pidió a la FGR informar y hacerse cargo de la investigación. Ni se esconde ni le da la vuelta.

Sheinbaum no deja el tema. El pasado lunes, por ejemplo, la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, presentó modificaciones a la Ley General de Población y la Ley en materia de Desaparición forzada. Días antes, la presidenta habló de la nueva estrategia para detener la ola de desapariciones y dijo que “nunca me confrontaré con las víctimas (…) merecen todo mi respeto”. Un abismo, con respecto a AMLO.

La relevancia que da, contrasta con la lentitud de otros actores.

“La FGR tiene ya, así como se lo haya entregado la Fiscalía estatal, que iniciar el proceso de investigación. Desde septiembre la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía de Jalisco, hemos pedido a la Fiscalía General que atraiga el caso y es necesario ¡Ya!”, dijo hace un par de mañanas.

¿Por qué la lentitud tanto de la Fiscalía de Jalisco, como de la General de la República? ¿Por qué van demorando tanto?

Tan lentos han sido en su actuar, que los avances en la indagatoria los dio el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien el mismo lunes apareció para precisar y llenar los vacíos informativos.

Informó la captura de José Gregorio, “El Lastra”. Ese hombre, detenido en Cuajimalpa, el pasado fin de semana, tenía a su cargo el adiestramiento en el rancho Izaguirre donde sabemos, por palabras del secretario -que refirió el testimonio del presunto criminal-: “llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”.

Las palabras de Harfuch contrastan con la primera versión ofrecida por Gertz. Por el secretario y no por la FGR, mucho menos por la de Jalisco, sabemos que el detenido es uno de los principales colaboradores de Gonzalo “N”, “El Sapo”, uno de los líderes regionales del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas; que recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento; se ocultó en Tala, Jalisco; y se trasladó a la CDMX. También que reclutaba utilizando redes sociales y ofrecía oportunidades laborales falsas; ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4 mil a 12 mil pesos semanales; y los citaban en centrales de autobuses y luego eran trasladados al rancho.

También conocemos que, como parte del adiestramiento, se enseñaba el manejo de armas, que los reclutados dejaban sus pertenencias y eran uniformados. Y que el entrenamiento duraba un mes en el que permanecían incomunicados y dependiendo sus aptitudes, eran enrolados.

El gobierno de Sheinbaum habla del tema. Presiona para que el resto haga lo que le toca. La pregunta es, ¿por qué hay tan pocas voces en el oficialismo haciendo eco de lo que la presidenta pide? ¿Y por qué las Fiscalías siguen sin salir del pantano?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN   

[email protected]                                                        

@MLOPEZSANMARTIN